La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario vinculada al Caso Guepardo.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el 2 de septiembre, con el propósito de citar a los querellantes.
Durante esa audiencia se conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción, así como la solicitud de traslado de recinto penitenciario que ha realizado el imputado. El Ministerio Público sostiene que la medida debe mantenerse debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga que representa Giroux.
El pasado 11 de julio, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco apelaron sus medidas de coerción, pero la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificó la prisión preventiva por 18 meses, señalando que se trata de un hecho de suma importancia para la sociedad y que existen elementos que ameritan que la investigación se realice con los imputados en estado de prisión.
En cuanto a Loany Ortiz, también señalada como cabecilla de la estructura junto a Giroux, se informó que continúa detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano. Se espera que sea enviada al país en los próximos días para responder por los hechos que se le imputan.
Actualmente, Giroux cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, luego de que el tribunal le negara una solicitud de traslado a la cárcel pública de El Seibo.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios mediante el uso del nombre y la marca de RE/MAX, una empresa reconocida internacionalmente, con el fin de atraer compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Las investigaciones han revelado que el grupo recibió un monto total de US$18,851,583, y se han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, incluyendo vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El equipo a cargo de la investigación está integrado por los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro y Mayerlin Rondón, de la Procuraduría Especializada y la Fiscalía de La Romana.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez recordaron que la investigación se realiza por violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
