El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó que dará a conocer el fallo del juicio contra Juan Alexis Medina Sánchez el próximo miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana. Medina es el principal acusado en la presunta red de corrupción conocida como “Operación Antipulpo”.
Este proceso judicial se originó en 2020, cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encabezó una serie de allanamientos como parte de una investigación a gran escala. La acusación formal fue presentada en diciembre de 2021, y el juicio de fondo comenzó en septiembre de 2023.
El Ministerio Público acusa a Alexis Medina y a otros imputados de conformar un supuesto entramado de corrupción que habría estafado al Estado dominicano por más de RD$5,000 millones. Se señala que lo hicieron mediante contratos irregulares, tráfico de influencias y lavado de activos.
La fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos para Alexis Medina, identificado como el cabecilla del esquema. Para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, se pidieron 15 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
En cuanto a Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta administrativa de la misma entidad y hermana del expresidente Danilo Medina, se solicitó una condena de 10 años de prisión, la misma pena pedida para Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
También se pidieron condenas de 10 años de prisión para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
Para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y el excontralor, Rafael Antonio Germosén Andújar, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión.
En el caso de Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la petición es de tres años de prisión.
Además de las condenas, la fiscalía solicitó que todos los implicados sean inhabilitados para contratar con el Estado o ejercer funciones públicas por un período de 10 años. También pidió el decomiso de bienes, la degradación cívica (pérdida de derechos civiles y políticos) y el cumplimiento de las penas en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda.
En cuanto a Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una condena suspendida de cinco años, una multa equivalente a 500 salarios mínimos, la devolución voluntaria de RD$15 millones y otras medidas restrictivas.
