Santo Domingo. - La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pidió al presidente Luis Abinader no introducir al Congreso Nacional el proyecto de ley que fusionará los ministerios de Educación y de educación Superior, Ciencias y Tecnología, a la vez, que propuso abrir un espacio de diálogo con los distintos sectores de la sociedad, sobre todo los involucrados.
De igual manera reiteró su rechazo al propósito de fusionar el Minerd-Mescyt, tras considerar que su único propósito es reducir la inversión pública en educación, en un periodo que el sistema educativo requiere mantener y ampliar la inversión y mejorar la calidad del gasto.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo señaló que detrás de este proyecto se esconden fines privatizadores que se expresan en la propuesta de incorporar las alianzas público-privadas, el estableciente de fideicomisos y la tercerización de la gestión educativa.
“La propuesta de fusión MINERD-MESCYT, es un invento, que no está sustentada en ningún estudio o diagnóstico, que muestre la necesidad y viabilidad del mismo”, afirmó el dirigente magisterial.
Hidalgo aseguró que, de materializarse este despropósito, causaría daños severos a los procesos que están desarrollando ambos ministerios, haciendo mucho más complejas la implementación de las acciones de recuperación, necesarias para avanzar hacia una gestión educativa más eficiente.
Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, recordó que, en enero pasado, realizaron un encuentro nacional por la defensa de la educación pública, con el soporte fundamental de académicos y organismos especializados, en el que se estableció como principal conclusión que la pretendida fusión carece de fundamentos sólidos, de análisis de factibilidad y de mecanismos claros que garanticen beneficios reales para el sistema educativo del país.
Referencia: declaración pública del 16 de enero pasado fruto del Encuentro Ciudadano por la Educación Pública celebrado en la UASD
¿Por qué rechazamos esta propuesta?
1. Obsolescencia de las leyes actuales: El anteproyecto no demuestra, con evidencia objetiva, que las leyes educativas vigentes hayan llegado a un nivel de obsolescencia que justifique la necesidad de esta fusión.
2. Ausencia de estudios técnicos: La propuesta no está respaldada por estudios, investigaciones o análisis de factibilidad que prueben que esta medida se alinea con los principios de racionalidad, economía, eficiencia y eficacia establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
3. Impacto en la calidad educativa: El proyecto carece de mecanismos claros para mejorar la calidad educativa o garantizar una educación integral y de alto nivel. Tampoco ofrece garantías de que la educación superior recibirá los recursos necesarios dentro del esquema presupuestario planteado.
4. Falta de planificación adecuada: No se especifican criterios, dispositivos ni mecanismos que permitan alcanzar los objetivos propuestos, como la reducción de duplicidades, la mejora en la gestión de gastos o el fortalecimiento de la educación como un derecho fundamental.
En tal sentido, el proyecto, en los términos y contenidos en que está planteado, que constituyen una reversión de las dos grandes conquistas presupuestales para el financiamiento de la educación pública superior y preuniversitaria, 4% del PIB y 5% del presupuesto de educación superior.
5. Este anteproyecto de ley constituye la formulación de una estrategia mediante la cual se pretende consolidar el proceso de mercantilización y privatización de la educación concebidos en la lógica neoliberal.
Nuestra posición
Los ciudadanos, entidades y organizaciones convocadas a este encuentro nacional por la defensa de la educación pública, con el soporte fundamental de académicos y organismos especializados, organizados en cuatro grupos de trabajo, hemos concluido en lo siguiente:
• Exigimos la inmediata retirada de este anteproyecto de ley.
• Dejar abierto un proceso nacional de discusión, estudio y examen crítico sobre el estado en que se encuentra el sistema educativo.
• Convocar a un debate nacional inclusivo y transparente, con la participación de todos los actores clave del sistema educativo y de la sociedad, en general, sobre esta propuesta de fusión.
• Exigir el fortalecimiento del MINERD y el MESCYT como entidades independientes, con roles claros y recursos suficientes para cumplir sus mandatos.
• Alertar a todo el pueblo dominicano sobre la grave amenaza de mercantilización y privatización del derecho a la educación pública, que niega el derecho constitucional y humano a la educación abierta, crítica y de calidad.
“En defensa de una educación pública y superior de calidad, nos mantendremos vigilantes y firmes”, concluyó la ADP .
