El Ministerio Público presentó nuevos elementos que evidencian cómo los acusados en el expediente derivado de la Operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños.
En el juicio que se sigue a los procesados en el expediente derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó las declaraciones de siete peritos que tasaron en detalle los bienes adquiridos por los acusados con dinero proveniente de actos de corrupción.
Entre los inmuebles analizados destacan tres residencias ubicadas en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas por los imputados mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Dichas propiedades, de acuerdo con los avalúos presentados, alcanzan un valor conjunto de US$3,486,544.92.
Las investigaciones revelan que los inmuebles fueron colocados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez (conocida como la Pastora), en una maniobra utilizada para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
Durante la audiencia también fue escuchada la perito encargada del avalúo de la propiedad correspondiente a la Asociación Campesina Madre Tierra, registrada a nombre del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre. El informe estableció que este bien agroindustrial, con modernas naves avícolas y diversos cultivos, tiene un valor estimado en US$3,856,046. Para encubrir la propiedad de la asociación, Cáceres Silvestre utilizó como fachada a terceros, incluyendo a Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuran como supuestos directivos.
Martínez ya había admitido en audiencias anteriores que prestó su nombre para tales fines.
Asimismo, durante la jornada del jueves rindieron testimonio los exencargados de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), quienes detallaron irregularidades durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, también acusado.
Los testigos confirmaron que Cuello Coste nombró como gerente financiero del Conani al coronel Rafael Núñez de Aza, quien ya desempeñaba funciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Aunque la designación fue revocada por la Contraloría General de la República, Cuello Coste lo mantuvo como su representante ante el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
El órgano acusador ha presentado hasta la fecha 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales que refuerzan la acusación por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana.
