El Ministerio Público culminó pasada la una de la madrugada con la presentación de la réplica a los alegatos de la defensa de los abogados, en respuesta a las imputaciones formuladas contra militares y civiles implicados en la red criminal del caso Lobo, y espera que se imponga prisión preventiva, debido a la gravedad de los hechos.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, junto al director de Persecución, Wilson Camacho, y un equipo de fiscales, expusieron ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, cómo se cometieron los actos de corrupción al recibir sobornos para manipular licitaciones en diversas instituciones del Estado, con el objetivo de obtener contratos de servicios de seguridad privada.
Esto luego de que cinco de los diez imputados en la presunta estructura criminal del caso Lobo admitieran haber recibido sobornos y haber manipulado procesos de licitación para favorecer a una empresa con contratos de servicios de seguridad privada.
Los imputados que admitieron los hechos son: el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; el coronel de la Fuerza Aérea, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa utilizada por la red del caso Lobo para obtener los contratos.
El imputado Rodríguez González manifestó ante el tribunal que pagó sobornos. Según el Ministerio Público, estos imputados habrían llegado a un acuerdo de colaboración con el órgano acusador.
El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los implicados del caso Lobo y la declaración de complejidad del proceso. Ortiz expresó que espera de que el juez imponga prisión a los imputados.
Este miércoles, a las 2:00 de la tarde, corresponderá a los abogados de los militares y civiles que integran la presunta red del caso Lobo presentar la contrarréplica a la réplica presentada por el Ministerio Público frente a la refutación de la defensa respecto a las imputaciones señaladas a cada uno de los implicados en esta estructura criminal.
Los demás imputados en el caso Lobo son: el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez, así como el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Para llevar a cabo los presuntos actos de corrupción, la estructura del caso Lobo habría utilizado empresas como: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Magesty Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
El Ministerio Público, representado por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, ha indicado que cuentan con 336 elementos de prueba que sustentan los presuntos hechos de corrupción en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.
