El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, salió en defensa de la jueza Fátima Veloz, tras la avalancha de críticas y presiones surgidas por su decisión en la medida de coerción del caso Jet Set, tragedia en la que murieron más de 236 personas.
Potentini advirtió que los jueces deben actuar con independencia y sin interferencias, y rechazó lo que calificó como una campaña de linchamiento mediático contra la magistrada.
El caso, que ha provocado conmoción nacional y fuertes reacciones en medios de comunicación y redes sociales, ha sido escenario de intensos cuestionamientos tanto del Ministerio Público como de los representantes legales de las víctimas, lo que el CARD considera una amenaza al respeto institucional y al debido proceso.
La jueza Fátima Veloz.
“La decisión de la magistrada Veloz, aunque no fue prisión preventiva, no significa impunidad ni representa un cierre del proceso, sino el inicio del mismo. A partir de ahora, corresponde al Ministerio Público y a los abogados de las víctimas presentar sus pruebas y llevar el caso hasta las últimas consecuencias”, expresó Potentini.
En ese sentido, consideró “jurídicamente desproporcionada” la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, señalando que, de acuerdo con el marco legal vigente, la pena aplicable salvo agravantes comprobadas podría oscilar entre tres meses y dos años.
“No podemos permitir que la justicia actúe bajo presión del clamor popular. Las decisiones deben basarse en la ley, no en la emocionalidad ni en el juicio mediático”, sostuvo el jurista, al tiempo que denunció una campaña de “linchamiento público” contra la jueza Veloz, que según él pone en riesgo la integridad profesional de la magistrada y la estabilidad del sistema judicial.
El CARD también advirtió sobre la creciente tendencia de convertir los procesos judiciales en espectáculos mediáticos que presionan a los jueces a fallar en contra de su conciencia jurídica.
Potentini hizo un llamado al Congreso Nacional para emprender una reforma estructural del Código Penal, al considerar que el marco legal actual está desfasado y no contempla agravantes ni sanciones proporcionales para hechos de alta gravedad como el ocurrido en Jet Set.
“Reconocemos el dolor de las familias afectadas y la indignación colectiva, pero es precisamente en estos momentos que más debemos defender la institucionalidad y la justicia basada en la ley”, concluyó.
