El abogado penalista Félix Portes, representante legal de 26 víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, afirmó que los propietarios del establecimiento conocían el riesgo estructural del edificio y aun así continuaron operando, lo que a su juicio configura un “homicidio voluntario con dolo eventual”.
Portes aseguró que existen elementos suficientes para agravar la calificación jurídica del caso, y reveló que ya fueron depositadas nuevas querellas en este sentido.
En la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril, más de 200 personas perdieron la vida y al menos 189 resultaron heridas de diversa gravedad.
“Está claro que los dueños no querían que ocurriera esta tragedia, pero sí sabían del riesgo y lo aceptaron al seguir promoviendo fiestas sin tomar medidas preventivas. Esto se llama dolo eventual”, explicó el abogado.
Falta una persona en el expediente
Portes también cuestionó la exclusión de Ana Grecia López una de las gerentes registradas en el Registro Mercantil del expediente acusatorio, mientras que, según él, la señora Maribel Espaillat, actual gerente del local, tiene mayor grado de responsabilidad por ser administradora activa al momento del hecho.
“Incluso hay testimonio de un mesero que habló directamente con ella esa misma noche y le advirtió del peligro”, dijo en el programa El Gobierno de la Mañana.
Antonio Espaillat.
Aunque reconoció que Maribel se encuentra actualmente ingresada por razones médicas, Portes exigió que, tan pronto sea dada de alta, cumpla prisión preventiva como medida cautelar, al igual que Antonio Espaillat, también imputado en el caso.
Criticas al Ministerio Público
El abogado criticó duramente al Ministerio Público por lo que considera una “defraudación a la población” tras dos meses de investigación sin incluir elementos clave ni a todos los responsables.
“Nosotros vamos a solicitar una recalificación a homicidio voluntario con dolo eventual, y aportaremos jurisprudencia dominicana que sustenta esta figura legal”, adelantó.
Portes sostuvo que el riesgo procesal es alto por el poder económico y político de los imputados, quienes según afirmó ya han intentado alterar pruebas como el traslado sin autorización de escombros desde Santo Domingo a Santiago.
“Ese solo hecho demuestra que no pueden estar en libertad”, recalcó.
Qué esperar en la audiencia de medida de coerción
Se prevé que el conocimiento de las medidas de coerción se extienda durante varias jornadas debido al volumen del expediente, que ronda las 128 páginas, y la cantidad de partes involucradas.
El jurista enfatizó que las víctimas, como lo establece el Código Procesal Penal, tienen derecho a ser escuchadas en cada etapa del proceso.
Recordó que el plazo máximo para la duración de este proceso es de cuatro años, aunque en su experiencia, este caso podría resolverse antes si se siguen los cauces legales con celeridad y sin privilegios.
