El Ministerio Público interrogó a un testigo clave y víctima de la tragedia de la discoteca Jet Set, quien presuntamente entregó evidencia que demuestra no solo la responsabilidad civil, sino también penal de los propietarios del establecimiento comercial.
Gregory Adamés, quien era empleado de la discoteca, acudió a la Procuraduría General de la República, acompañado de sus abogados Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. Allí fue interrogado por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Wilson Camacho.
Además, Adamés presentó una querella con constitución en actor civil en contra de Antonio Espaillat López, de su madre Ana Grecia López, y de la empresa Inversiones E y L y Club Jet Set.
Dentro de las pruebas que depositó Gregory se encuentra un teléfono con videos y conversaciones con Antonio Espaillat, en las que le advertía que la fiesta del pasado 8 de abril de 2025 no se podía realizar porque el techo podría desplomarse.
A pesar de la advertencia de Gregory de que el techo se estaba cayendo y que no había condiciones para el evento, Antonio Espaillat le manifestó que continuaran con la celebración de la fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien murió en la tragedia junto a unas 235 personas.
Gregory, quien también resultó herido junto a 180 personas, era el encargado de reservar las mesas y coordinar la logística para los eventos.
Aumento de acciones legales y señalamientos al Estado
Este martes, las acciones legales presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set aumentaron a 68, incluyendo querellas y denuncias.
Algunas de estas acciones también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de esos establecimientos.
Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al derrumbe.
Los denunciantes sostienen que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la acción pública contra Espaillat, comenzando con su interrogatorio para llevar a cabo una investigación objetiva. Argumentan que esto es crucial para evitar un mayor descrédito del sistema de justicia.
Aducen que, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha entrevistado ni interrogado a Espaillat, y mucho menos ha iniciado ninguna acción penal en su contra.
