La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) confirmó de forma oficial que Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido públicamente como Ángel Martínez, no ha trabajado ni trabaja para esa entidad ni para ninguna dependencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La información fue ofrecida por el vocero de la DEA para el Caribe, el agente especial Tony Velásquez, quien indicó que, tras una verificación exhaustiva en los registros oficiales, no existe vínculo alguno entre Martínez y las agencias federales norteamericanas comúnmente asociadas a investigaciones criminales.
“Luego de verificar nuestros archivos, el señor Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez no trabaja ni ha trabajado con nosotros ni con ninguna oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluyendo el FBI, la DEA y la ATF”, expresó Velásquez.
La aclaración de la DEA se produce en momentos en que Martínez enfrenta serias acusaciones en República Dominicana por parte de ciudadanos que se han querellado en su contra por delitos como extorsión, difamación e injuria. Según las denuncias, el individuo ha utilizado plataformas digitales, espacios de YouTube y participaciones en programas de radio y televisión para lanzar acusaciones sin fundamento, algunas de ellas con supuestos avales de investigaciones oficiales.
Martínez fue detenido el pasado martes a bordo de un crucero turístico que atracó en un puerto dominicano. Las autoridades ejecutaron varias órdenes de arresto que habían sido emitidas previamente por los tribunales, tras múltiples querellas acumuladas por sus acciones difamatorias.
Durante años, Ángel Martínez se ha presentado públicamente como “investigador internacional” y “exagente” de agencias de seguridad de Estados Unidos. Ha mantenido una presencia persistente en redes sociales, donde publica videos y comentarios en los que asegura tener acceso a información confidencial de inteligencia y archivos clasificados.
Entre sus blancos habituales figuran figuras públicas, políticos, periodistas, empresarios y miembros de la comunidad judicial. En múltiples ocasiones ha dicho tener “pruebas” de actos de corrupción o vínculos con el narcotráfico. Algunos de sus videos han sido removidos por plataformas digitales por violar políticas de desinformación o incitación al odio.
