El Ministerio Público creó la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI), como parte del fortalecimiento de su política de persecución de los distintos tipos de delitos que afectan a la sociedad.
La unidad, creada por el Consejo Superior del Ministerio Público y puesta bajo la coordinación de la procuradora adjunta Isis de la Cruz Duarte, tiene entre sus funciones coordinar con la Dirección General Persecución, y otras áreas operativas del órgano persecutor, todas las acciones para la persecución efectiva de los delitos que atentan contra el comercio lícito.
El Ministerio Público recordó que, en coordinación con las agencias que trabajan en la persecución del comercio ilícito, se han ocupado mercancías por más de 100 millones de pesos.
Para el próximo jueves está programada la destrucción de productos adulterados por un valor de unos 18 millones de pesos.
“El comercio Ilícito genera daños a la sociedad en general y una evidencia de esta realidad es todas las muertes que causó el alcohol adulterado en el 2020”, dijo la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Las acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
La legislación, del 20 de febrero de 2019, busca “erradicar el comercio ilícito de mercancías, tipificando los delitos de comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados y estableciendo sus sanciones administrativas y penales”.
La citada ley tiene un enfoque especializado en productos como los medicamentos, los hidrocarburos, los productos del alcohol y sus derivados y los productos del tabaco y sus derivados, con un ámbito de aplicación en todo el territorio nacional a todas las personas físicas y jurídicas incluyendo las actividades realizadas en zonas francas y centros logísticos.
En ese sentido, define el contrabando como: “la introducción o extracción del territorio nacional, de cualquier clase de mercancía, valor, origen o procedencia, eludiendo el control de la autoridad aduanera, incluyendo el transporte, venta, almacenamiento, adquisición, donación, ocultamiento, uso, dar o recibir en depósito, destrucción o transformación, de cualquier mercancía sin importar su valor, clase origen o procedencia, siempre y cuando se compruebe que las mismas no han cumplido con el control aduanero de rigor”.
Mientras que la fabricación ilícita se refiere a las que se lleva a cabo fuera del marco jurídico, incluyendo las mercancías piratas ilegales o falsificadas y la fabricación no autorizada de productos que requieren permisos, licencia y/o registro.
La creación de la unidad fortalece los trabajos que viene realizando el Ministerio Público junto a las entidades que conforman la Mesa contra los Ilícitos, en la cual concurren ministerios como Industria, Comercio y Mipyme, Salud Pública y Defensa. También, representantes del sector privado como la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), la Asociación de Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados (Rivlas), la Asociación de Productores de Cerveza (Adoface); la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar), la Asociación Dominicana de Productores de Cigarros (Procigar), las industrias farmacéuticas dominicanas (Infadomi); la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf), la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) y la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (Adeic).
