La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha realizado un informe que indica cómo la situación de la libertad de prensa nacional estuvo marcada por incertidumbres normativas, tensiones institucionales y nuevas iniciativas legislativas en los últimos seis meses.
El informe indica que la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962, se mantiene estancada y que de manera reciente dos legisladores sometieron iniciativas para regular a medios digitales, creadores de contenido e influencers.
El informe completo señala que, aun cuando el anteproyecto de ley fue elaborado por una comisión especial hace dos años, permanece bajo estudio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En marzo, el presidente Luis Abinader dijo que remitiría el proyecto al Congreso Nacional, pero hasta el momento la demora evidencia falta de voluntad política o divergencias internas.
Mientras tanto, surgieron propuestas paralelas desde el Congreso donde los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz, de forma independiente, sometieron iniciativas para regular a medios digitales, creadores de contenido, influencers y plataformas digitales.
En marzo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó por una legislación que establezca “consecuencias claras” contra la difamación, a raíz de denuncias públicas de periodistas que fueron acusados, sin pruebas, de actuar como agentes pagados por la clausurada Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos que fue rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), al considerar que limitaba el acceso de la prensa a información judicial pública. La crítica se centró en la excesiva discrecionalidad que otorgaba a los jueces para clasificar información como confidencial, lo cual afectaría la transparencia de los procesos judiciales y el ejercicio del periodismo de investigación.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1-24, que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por violar principios constitucionales. Esta ley, repudiada por medios, juristas y organizaciones de derechos humanos, otorgaba facultades desproporcionadas a los agentes de inteligencia del Estado, como confiscar datos y convocar interrogatorios sin orden judicial previa. Se espera un nuevo proyecto de ley, pero que respete el procedimiento legislativo correspondiente.
Durante este período continuó la falta de cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de numerosos organismos estatales que se resisten a entregar información a los medios o la dilatan injustificadamente. Diario Libre denunció la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana de ofrecer información sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales. Listín Diario reclamó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) la entrega del listado de clientes morosos con deudas acumuladas durante años, sin respuesta satisfactoria.
La situación de la libertad de prensa ha estado marcada por incertidumbres normativas, tensiones institucionales y nuevas iniciativas legislativas que reflejan amenazas y avances sobre el periodismo independiente.
La reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962, continúa estancada. Pese a que el anteproyecto de ley fue elaborado por una comisión especial hace dos años, permanece bajo estudio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En marzo, el presidente Luis Abinader dijo que remitiría el proyecto al Congreso Nacional. La dilación evidencia falta de voluntad política o divergencias internas sobre el alcance de la reforma.
Mientras tanto, surgieron propuestas paralelas preocupantes desde el Congreso. Los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz, de forma independiente, sometieron iniciativas para regular a medios digitales, creadores de contenido, influencers y plataformas digitales.
En marzo, en un caso que revive el debate sobre el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó por una legislación que establezca “consecuencias claras” contra la difamación, a raíz de denuncias públicas de periodistas que fueron acusados, sin pruebas, de actuar como agentes pagados por la clausurada Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos que fue rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), al considerar que limitaba el acceso de la prensa a información judicial pública. La crítica se centró en la excesiva discrecionalidad que otorgaba a los jueces para clasificar información como confidencial, lo cual afectaría la transparencia de los procesos judiciales y el ejercicio del periodismo de investigación. Ante el impasse, se creó una comisión mixta entre la SCJ y la SDD que trabaja en la reformulación del documento. Se espera que el texto consensuado sea sometido al Pleno del alto tribunal antes de finalizar el primer cuatrimestre de este año.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1-24, que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por violar principios constitucionales. Esta ley, repudiada por medios, juristas y organizaciones de derechos humanos, otorgaba facultades desproporcionadas a los agentes de inteligencia del Estado, como confiscar datos y convocar interrogatorios sin orden judicial previa. Se espera un nuevo proyecto de ley, pero que respete el procedimiento legislativo correspondiente.
Continuó en este período la falta de cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de numerosos organismos estatales que se resisten a entregar información a los medios o la dilatan injustificadamente. Diario Libre denunció la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana de ofrecer información sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales. Listín Diario reclamó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) la entrega del listado de clientes morosos con deudas acumuladas durante años, sin respuesta satisfactoria.
