El Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, acusándola de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La magistrada liberó a 114 detenidos el pasado 12 de marzo, tras la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, formalizó la denuncia ante la Justicia federal, señalando “graves irregularidades” en la decisión de la jueza. El abogado Fernando Oscar Soto, representante del Ministerio, afirmó que Andrade falló sin analizar pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los detenidos y sin respetar los procedimientos legales.
El documento judicial indica que la jueza emitió su resolución mediante un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial y sin la intervención de la Fiscalía. Además, el Ministerio de Seguridad denunció que entre los liberados había personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo.
El Gobierno de Javier Milei también presentó una denuncia penal contra los organizadores de la marcha, acusándolos de sedición, atentado contra el orden constitucional y asociación ilícita agravada. Entre los señalados están dos alcaldes peronistas, un exlíder de la guerrilla de los Montoneros y miembros de barra bravas de fútbol, a quienes responsabilizan de promover los disturbios.
La protesta, realizada en el centro de Buenos Aires, reunió a sindicatos, organizaciones sociales e hinchas de fútbol, en reclamo de un aumento en las pensiones. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron 46 heridos, uno de ellos de gravedad, y 124 detenidos.
