La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, calificó de abuso contra el erario el hecho de que la Cámara de Cuentas, haya realizado en cuatro años de gestión, menos de 40 auditorías, que al dividir el presupuesto recibido en el indicado periodo, estas salieron a RD$140 millones de pesos cada una, a partir del presupuesto asignado al órgano de control externo del gasto, en el año 2021, cuando los actuales integrantes fueron escogidos por el Senado de la República, manejaron un presupuesto de RD$1,673,918,968.58.
En el siguiente año 2022, el presupuesto asignado a la Cámara de Cuentas, fue inicialmente de RD$1,474,428,087.00, la entidad no reportó si fue beneficiada del presupuesto complementario, pasando a recibir en el año 2023, la suma de RD$1,524,248,087.00, para el año en curso 2024, le fue asignada la misma partida de RD$1,524,248,087.00, por lo que se intuye que esto ocurrió por la ausencia de cumplimiento de los objetivos del órgano que para los años 2023 y 2023, ni siquiera presentó, el Plan Anual de Auditorías, como manda la Ley.
En el año 2021, fueron remitidas 10 informes de auditorías, a la Procuraduría Especializadas de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, algunas encontradas inconclusas, entre las que se destacan la realizada al Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Mescyt; Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE; Ministerio de Salud Pública; Policía Nacional; Ministerio de Obras Públicas, MOPC; Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER; Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE; Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD, cabe destacar, algunas fueron realizadas en periodos anteriores.
En el año 2022, fue concebido el Plan Anual de Auditorías, como establece la norma que rige la institución, para la que seleccionaron 79 instituciones, de las que no se hizo una sola auditoría con resultados, ya que se limitaron en ese año a concluir las investigaciones especiales solicitadas por la PEPCA y algunas auditorías que habían sido realizadas en el periodo anterior, 10 en total, correspondiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID; Consejo Nacional de la Niñez, CONANI; Dirección Central de policía de Turismo, POLITUR; Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP; Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana, UERS; Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la Procuraduría General de la República, Ministerio de Agricultura; Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD; Ministerio de Salud Pública, MISPA; Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL.
Cuatro auditorías o informes de investigaciones especiales fueron enviadas al ministerio público, en el año 2023, estas fueron las realizadas a la Oficina para el reordenamiento del Transporte, OPRET, encontrada avanzada, pendiente de informe legal, a la Junta central Electoral, JCE; al Gabinete de Coordinación de la Política Social, GCPS y a la Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP, para el año que casi termina el órgano constitucional, no ha podido exhibir una sola auditoría, lo que constituye una evidencia de la práctica de corrupción menos perseguida, como la malversación de fondos, en vista de que los fondos asignados en el presupuesto general de la nación con esos fines, no fue ejecutado, sino en otra cosa. Terminó diciendo el presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio.
