El Ministerio Público arrestó ayer en la madrugada a nueve miembros de la Policía Nacional y una civil a quienes les imputa componer una red criminal integrada por agentes de la institución, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas.
Atribuye a dicha red el sustraer más de 900,000 proyectiles.
La investigación, que condujo a lo que se denominó como operación Pandora, comenzó en octubre pasado, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía, y el director general de la Policía Nacional.
En una nota de prensa, el Ministerio Público dio a conocer los nombres y rangos de los policías acusados y el de una mujer, para quienes se pedirán medidas de coerción, lo que debe suceder en las próximas horas.
Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones.
Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.
Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
Cabo Juan Luis Díaz Medina.
Raso Rubiel Martínez (alias Escobar).
Raso Moreibin Medina Pérez.
Miguelina Bello Segura, civil.
El seguimiento
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, "acción que fue rápidamente detectada por los investigadores".
"En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal", señaló el Ministerio Público.
En la ejecución de la operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un "robusto conjunto de pruebas" para presentar ante el juez de instrucción, informó el Ministerio Público.
El organismo consideró que este caso "es un ejemplo" de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
Valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos.
"Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden", indicó el Ministerio Público.
