La audiencia para conocer las medidas de coerción a los 20 imputados en la supuesta gran red de corrupción conocida como Calamar arrancó este miércoles en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras dos aplazamientos.
El caso está en manos de la jueza Kenya Romero, quien inició formalmente la instrumentalización el caso, que tiene entre sus principales imputados a los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
La audiencia podría demorarse varios días, debido a la cantidad de imputados.
Tras la presentación de la acusación y los elementos de pruebas por parte de los fiscales, deberán tomar la palabra los abogados de los imputados para responder al Ministerio Público.
Posteriormente, la magistrada Romero decidirá si manda al grupo a la cárcel, tal y como ha solicitado el Ministerio Público, que pide para cada uno 18 meses de prisión preventiva.
Los acusados llegaron hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en medio de un amplio dispositivo de seguridad y sin ofrecer declaraciones a la prensa que aguardaba en el recinto, cuya seguridad fue reforzada tras los incidentes registrados entre policías y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que han acudido a solidarizarse con los detenidos.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda.
La Procuraduría General de la República anunció el 18 de marzo el arresto de 20 personas por sus vínculos a una supuesta red de corrupción administrativa.
Entre los detenidos también figuran el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
Desde el PLD, formación a la que pertenece la mayoría de imputados, se ha denunciado una politización del caso, cuestión que niega el Ministerio Público.
Precisamente hoy, el secretario general del PLD, Charles Mariotti, acusó al Ministerio Público de “persecución selectiva” en contra del partido opositor, que aplazó sin fecha la marcha anunciada para este fin de semana, según dijo el dirigente político en una entrevista en el programa de televisión Matinal 5.
