El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que tiene disponibles unos 300 millones a la Procuraduría General de la República, para que esta institución trabaje en la instalación de un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país.
En su sesión 036-2025, realizada el pasado jueves, el Consejo Directivo de Indotel aprobó la asignación de los fondos necesarios para este proyecto. Con esta contribución, la institución reafirma su compromiso con la creación de un entorno digital seguro, priorizando la implementación de tecnologías que fortalezcan la seguridad en todos los niveles del sistema penitenciario.
En una carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el presidente de Indotel le comunica que, como consecuencia de estadísticas que llevan intranquilidad a la sociedad se hace realidad esta disponibilidad de fondos para erradicar, de una vez por todas, los actos delictivos cometidos desde las cárceles.
“El 90 por ciento de las llamadas fraudulentas que se cometen se hacen desde una cárcel. Además, garantizamos una campaña educativa con la intención de concienciar amplios segmentos de la población, previniéndoles de llamadas molestosas con una intencional carga fraudulenta”, escribió Gómez Mazara a la procuradora general.
Para asegurar la correcta administración de los fondos, Indotel ha solicitado que la Dirección General de Presupuesto asuma el control y la vigilancia de los recursos destinados al proyecto. Este proceso garantizará la transparencia en la ejecución de los fondos y la efectividad de las medidas adoptadas.
El presidente de Indotel destacó que los RD$300 millones permitirán a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la licitación para la adquisición de los bloqueadores de señal. “Indotel proveerá los recursos, pero la licitación estará a cargo de la Procuraduría,” señaló Gómez Mazara.
El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey; y el recinto penitenciario de Santiago. Estos centros fueron seleccionados debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos cometidos a través de teléfonos móviles.
La instalación de los bloqueadores de señal garantizará tanto la seguridad digital como la seguridad nacional. Estos dispositivos impedirán que los internos utilicen tecnologías móviles dentro de los recintos para cometer delitos como fraudes electrónicos, extorsiones y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo a ciudadanos y empresas en todo el país.
El uso indebido de teléfonos móviles dentro de los centros penitenciarios se ha convertido en una herramienta de delitos cibernéticos. Más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana provienen de estos recintos. Esta medida responde directamente a la necesidad de combatir esta problemática.
