El movimiento Participación Ciudadana (PC) cuestionó este martes la absolución por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de los únicos condenados en el país en el caso de corrupción Odebrecht, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón.
El sistema de justicia dominicana «ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad» con la sentencia de la Segunda Sala Penal de la SCJ a favor de los dos imputados «en uno de los casos más grande de corrupción en nuestro país», apuntó PC en una nota, titulada «República Dominicana gana medalla de oro en impunidad».
Para el movimiento no partidista, «la mayor cuota de responsabilidad» es del Ministerio Público, que fue advertido en 2017 por la ahora procuradora general, por Miriam Germán Brito, cuando era jueza de la SCJ, del déficit probatorio de este caso.
El Ministerio Público, de acuerdo con PC, «no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo» y, por el contrario, «se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht».
Esto, afirmó, «a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el juez de la Instrucción del caso, pues era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos codenomes, pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces».
En su comunicado, PC subrayó que «es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el Ministerio Público donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitido como soborno y también asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el ministerio público jamás reclamó su complimiento».
Tras la sentencia definitiva, corresponde al Ministerio Público «realizar una evaluación interna y ofrecer explicaciones a la ciudadanía», precisó.
A la vez, señaló que «esta derrota» en la lucha contra la corrupción «en vez de desalentar los esfuerzos debe, por el contrario, obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales», es decir, Antipulpo, Coral, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, «presentan una sobreabundancia de pruebas».
