El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra de un empleado de la Fiscalía de Cotuí, a quien le imputa la sustracción de evidencia.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, por la fiscal titular de esta jurisdicción, Juana María Hernández Tavarez, en contra de Enmanuel Antonio Suarez Álvarez.
La investigación del Ministerio Público inició cuando un imputado, que fue absuelto por el Tribunal Colegiado de este distrito judicial de la acusación que pesaba en su contra, solicitó al órgano persecutor la devolución la suma de US 1,200.00 dólares americanos y RD$53,950.00 pesos en efectivo, los cuales le habían sido retenidos el día de su arresto.
Tras la reclamación de los fondos a la institución bancaria donde se depositaron dichos fondos, la misma manifestó que ese dinero no se depositó, y que los recibos de la supuesta transacción se falsificaron y montaron en el expediente como realizados, y que por eso no se visualiza dicho depósito ante la Procuraduría General de la República.
Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Suarez Álvarez, quien fue el encargado de hacer dicho depósito, explicó que fue a realizar la transacción al banco en la cuenta de la Procuraduría General de la República, y que cuando estaba en la fila para dicho depósito, se le presentó una situación y dejó a una supuesta persona de su confianza, que se encontraba en el banco, haciendo el depósito y salió del lugar, y dos días después recibió de esa persona los recibos de depósito y lo agregó al expediente, sin notar ninguna supuesta irregularidad.
Luego de esto, indicó que desde Procuraduría, a través de las vías correspondientes, llamó a la Fiscalía de Cotuí y les informó que el expediente se lo habían devuelto de tesorería, porque verificaron los estados de cuenta y ese dinero no aparecía depositado en la cuenta de la institución persecutora del delito, por lo que al enterarse, procedió a llamar a su amigo, quien supuestamente había hecho el depósito del dinero, y este le dijo que había tenido un problema muy grave y se vio en la necesidad de utilizar el dinero y alterar los recibos.
El imputado, también precisó en su declaración, que al escuchar eso y, además, tratándose de una persona de su confianza, se asustó y se alteró, manifestándole que, si él no sabía la magnitud del problema en que lo había metido, ya que ese expediente había sido enviado a la Procuraduría para proceder a la devolución, ahí esa persona viendo la preocupación del imputado, decidió buscarle el dinero, el cual dijo entregó a su dueño, para quitárselo de arriba, debido a que “el ruido que se había creado le podría traer problemas en la Fiscalía”
Ante los hechos, el Ministerio Público le ha otorgado de manera provisional calificación jurídica que castiga los artículos 147, 148, 379 y 386-3, del Código Penal Dominicano, por falsificación, robo y fraude.
