La Comisión Especial de senadores que estudia el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), rendirá informe favorable a la iniciativa legislativa ya aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
El proyecto crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
La reunión la encabezó el senador Dionis Sánchez (Pedernales-FP), presidente de la comisión especial; y participaron los senadores Ramón Rogelio Genao (La Vega-PRSC); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez-PRM); Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata-PRM); Melania Salvador (Baoruco-PRM); Virgilio Cedano (La Altagracia-FP); y Milcíades Franjul (Peravia-PRM).
La iniciativa define el DNI como “el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional” y estará bajo la dependencia del presidente de la República, quien también designará al director de esa entidad.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional u otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas, tanto internas como externas.
Además, dispone que podrá contrarrestar en el ámbito nacional “actividades” de cualquier tipo que puedan representar un riesgo, amenaza, agresión, o subversión para la seguridad nacional.
Igual, contempla que el organismo podrá cooperar con el Ministerio Público, en caso de que este lo requiera y siempre que el DNI lo considere necesario, con apoyo tecnológico y técnico en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa.
Con respecto a las relaciones que tendrá el organismo con organismos públicos y privados, el artículo 11 del proyecto establece que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que esta requiera”.
Dentro de ese ámbito, agrega el proyecto, que el DNI podrá disponer de actividades “encubiertas” y acceder a bases de datos de entidades públicas y privadas, así como otras disposiciones que contempla la pieza legislativa.
