La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia lograron sentencias condenatorias por 58 años, en contra de cinco miembros de una poderosa estructura criminal de narcotráfico que operaba desde la Región Este, liderada por Rudy Apolinar Mejía Santana.
El tribunal Colegiado del distrito judicial acogió en todas sus partes la acusación penal presentada por el Ministerio Público y condenó a Rudy Apolinar Mejía Santana, José Armando Santana Rodríguez, Samuel García Leal y Daniel Peña Jiménez a 12 años de prisión, mientras que a Alexander Gerardo de Los Santos le impuso una condena de 10 años de reclusión.
El órgano de persecución, representado por Pedro Medina Quezada, procurador de corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por Idalia Peralta, procuradora fiscal de La Altagracia, demostró que las acciones cometidas por los procesados constituyen una violación a los artículos 4 letra D, 5 letra A, 58 letras A y C, 59, 60, 75 párrafo II y III, 85 letras A, B y C de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a los artículos 66, 67, 70 y 71 de la Ley 631-16, para el Control Y Regulación De Armas, Municiones y Materiales Relacionados y los artículos 3 numerales 1, 2 y 3 y artículo 4 numeral 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El juzgado también acogió lo dispuesto en la solicitud del Ministerio Público, por Ramona Nova Cabrera, fiscal titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Claudia Lorena Garrido, fiscal titular interina de la Fiscalía de La Altagracia, e impuso a cada uno de los condenados el pago de una multa ascendente a Quinientos mil pesos (RD$500,000.00), así como el decomiso de varios bienes, entre los que se detallan varias embarcaciones que eran utilizadas por la red criminal para la entrada y salida de sustancias controladas, así como vehículos de alta gama (camionetas, camiones y carros de lujos), decenas de motores fuera borda, aparatos electrónicos, varias armas de fuego y materiales relacionados, como cargadores y cápsulas, así como 14 inmuebles, dentro de los que se detallan fincas, solares y apartamentos ubicados en las provincias de La Romana y La Altagracia.
Los condenados fueron arrestados el 7 de diciembre del año 2018, en la provincia de La Altagracia, ocupándoles la cantidad de 721 kilogramos de cocaína clorhidratada que llegaban a la República Dominicana procedente de Colombia.
