El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró que el ministerio público debe tener cuidado con solicitudes como aquella de resumir la lectura de la acusación a imputados a los que se les ventilas procesos judiciales, porque hay que preservar el derecho de los acusados.
Aclaró que el Artículo 318 del Código Procesal Penal obliga al juez a tener que oír la totalidad de la acusación que formula el ministerio público contra un imputado.
“Hay varias decisiones de la Suprema Corte de Justicia (que disponen) que en el hipotético caso de que a un juez o al ministerio público se les ocurra resumir la lectura de una acusación, el acusado debe pedirle al juez que ordene la lectura (íntegra) y el juez está obligado a acoger esa petición”, advirtió Castaños.
Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, el jurista dijo que en el único caso que se puede resumir la lectura de la acusación es cuando ambas partes están de acuerdo, puesto que es necesario tener cuidado con los procesos.
“Esto debe servir de lección al ministerio público”, expresó el ejecutivo de Finjus, quien advirtió que “los expedientes no tienen que ser tan voluminosos” porque muchas veces se ignora que el Código Penal es del siglo pasado.
La opinión de Castaños fue expresada en el contexto en que el ministerio público ha considerado que por lo voluminoso del expediente de la acusación contra varios imputados en la llamada operación Medusa, el juez debe ordenar que se resuma la lectura porque el tiempo sería insuficiente para abarcar cerca de 30,000 folios.
Cámara de Cuentas
El fracaso de la actual Cámara de Cuentas ha quedado en un limbo en un aparente acuerdo entre los partidos políticos, afirmó Castaños, quien consideró que ello debe servir de lección al país para escoger personas con experiencia de Estado.
“Una Cámara de Cuentas, un Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia, no son órganos que se puedan parecer a quienes integran el Congreso Nacional”, apuntó el jurista.
Sobre las auditorías de la Contraloría General de la República, Castaños dijo que sus resultados han indicado que hay casos “no subsanables” que debieron ser enviadas al ministerio público.
Consideró un avance importante que la Contraloría haya publicado las auditorías, y que el presidente Luis Abinader lo ordenara, no obstante indicó que las correcciones a comportamientos improcedentes no solo funcionan desde el ministerio público, si también desde el Poder Ejecutivo, “con amonestaciones y destituciones”.
Proceso electoral
Castaños manifestó que la Junta Central Electoral (JCE) está haciendo un gran trabajo para organizar las elecciones, pero tiene limitaciones por los vacíos legales que dejaron la Ley Electoral y la Ley de Partidos.
Expresó que ambas leyes dan ventajas de campaña para los partidos que están en el poder, mientras que los de oposición se niegan a acatar las disposiciones de la JCE.
“Los reclamos de la oposición ahora son los mismos que hizo el partido en el poder cuando era oposición”, apuntó el jurista, quien reiteró que los funcionarios viven expuestos a los medios, mientras los opositores se enfrentan con las limitaciones de las normativas de la JCE.
Recomendó a la JCE que dada la situación que tiene, “no apruebe resoluciones sin audiencias con los partidos políticos.
Para que estos se sientan compromisarios de su cumplimiento, “porque aquí lo que importa es que este proceso (electoral) termine bien”.
Reforma de la Policía
“El Estado descuidó a la Policía y sus miembros se acostumbraron a laboral en esas (malas) condiciones”, expuso Castaños, quien agregó que durante años el cuerpo del orden actuaba con una serie de prácticas incorrectas que se venían arrastrando.
Empero, indicó Castaños, cuando se aprobó la ley de reforma policial, “nunca se aprobó uno solo de los 19 reglamentos de aplicación”, porque no había interés en hacer avanzar la reforma.
En cuanto a la formación policial, el director de Finjus señaló que había nueve escuelas con características diferentes y los programas de capacitación no se extendían ni siquiera a dos meses.
“Los conscriptos entraban (a la academia), disparaban su arma cinco veces y entre 45 y 60 días eran enviados a la calle”, reveló Castaños, quien agregó que eran instruidos en forma autoritaria.
No obstante, dijo que la reforma avanza “sin tirar un tiro” y ya la mayoría de los policías comprenden hacia dónde debe ir el cuerpo del orden, aunque admitió que un grupo decidió irse por su cuenta y otros han sido separados.
Consideró que “una reforma a la policía solo es posible cuando el Presidente de la República, que es su comandante en jefe, la dirige y hace el compromiso”, indicó Castaños, quien reconoció que desde un principio Abinader asumió ese compromiso.
El ejecutivo de Finjus elogió el trabajo que realiza el asesor español José Vila para el éxito de la reforma en su principal componente, que la formación del nuevo policía.
Dijo que la ciudadanía va a sentir el cambio que se registra en la Policía en los próximos tres años.
