El Banco Mundial aprobó un préstamo por valor de USD 400 millones en apoyo a las medidas del Gobierno de la República Dominicana, orientadas a ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el sector energético, aumentar el acceso a energía confiable y asequible, y respaldar la transición a fuentes de energía menos contaminantes y con bajas emisiones de carbono.
El préstamo para Políticas de Desarrollo (PPD) en Apoyo a la Reforma del Sector Eléctrico para un Crecimiento Sostenible es la segunda de dos operaciones y continuará respaldando reformas normativas e institucionales fundamentales en el sector energético del país. La primera operación de la serie se aprobó el 31 de marzo de 2022.
Desde 2014, el déficit generado por el sector eléctrico representa entre el 1 % y el 2,3 % del producto interno bruto (PIB) del país, por lo que constituye una considerable carga fiscal para el Estado y un obstáculo para el desarrollo verde, resiliente e inclusivo.
La República Dominicana depende, principalmente, de combustibles fósiles importados para la generación de energía eléctrica, lo que contribuye a emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) más altas. Asimismo, los hogares pobres y vulnerables se ven afectados de manera desproporcionada por la falta de acceso confiable a servicios básicos de electricidad.
“El Gobierno de la República Dominicana ha adoptado medidas decisivas para comenzar a abordar los desafíos que enfrenta el país desde hace muchas décadas en el sector eléctrico”, dijo Alexandria Valerio, representante del Banco Mundial.
“El Banco Mundial continuará respaldando estos esfuerzos para lograr un servicio eléctrico más confiable, que es fundamental para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el bienestar de los habitantes del país”, agregó.
Las principales reformas que respalda el segundo PPD incluyen la creación de mecanismos eficaces para aumentar la eficiencia de las empresas de distribución; la implementación de sólidos incentivos para ampliar la integración de la energía renovable en la red eléctrica; la descarbonización del sector del transporte; la promoción de la aplicación de medidas de eficiencia energética para reducir las emisiones de GEI, y el fortalecimiento del código de la red para facilitar servicios eléctricos más confiables asequibles y resilientes.
Además, el PPD respaldará los esfuerzos en curso para mejorar la sostenibilidad financiera del sector y reducir su carga fiscal a fin de generar importantes ahorros. De este modo, se promoverá la mejora del espacio fiscal y la eficiencia del gasto público con el objeto de ampliar la focalización y la cobertura de las transferencias monetarias condicionadas (TMC) Bonoluz y el número de beneficiarios de las TMC Aliméntate y Bonogás, con especial énfasis en los hogares encabezados mujeres, para contribuir a reducir la pobreza y a promover la inclusión social.
