El Proyecto Visión Nación, encabezado por su presidente y líder, el apóstol doctor José Christopher Ramírez, llamó al presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados a intervenir ante los cuestionamientos que existen en torno a la distribución de recursos públicos realizada por la Junta Central Electoral (JCE) a organizaciones políticas.
La entidad solicitó una auditoría integral y una revisión del cumplimiento de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, particularmente de sus artículos 61, 62, 63 y 64, así como de los numerales 15 y 16 de la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE ) 10-2025. El proyecto cuestiona la entrega de fondos públicos a 22 partidos políticos y seis movimientos y reclama mayor transparencia y rendición de cuentas.
“El dinero del pueblo no puede distribuirse por criterios particulares de ningún funcionario”, afirmó la organización, que también pidió investigar cualquier posible irregularidad o privilegio en el sistema de asignación de recursos del Estado.
Visión Nación acudió este martes 10 de noviembre ante los tribunales en defensa de la candidatura presidencial independiente de José Christopher Ramírez, alegando la necesidad de garantizar el respeto a la Constitución, la participación política y los derechos democráticos.
Asimismo, anunció que el próximo 16 de noviembre participará en un proceso judicial relacionado con los 22 partidos y seis movimientos señalados. La organización advirtió que, si considera que persisten actuaciones irregulares o contradicciones en las versiones ofrecidas por la JCE, recurrirá a las instancias correspondientes para exigir responsabilidades, incluidas eventuales acciones penales si se determina la participación de funcionarios en hechos ilícitos.
¡PUEBLO DOMINICANO, MANTÉNGASE ALERTA! Estamos hablando del dinero de los contribuyentes, de la transparencia institucional y del futuro de nuestra democracia. La Junta Central Electoral no está por encima de la Constitución; ningún partido es propietario del presupuesto nacional y ningún funcionario tiene facultad para sustituir la ley por criterios particulares. Exigimos investigación, auditoría, transparencia y rendición de cuentas. ¡EL ERARIO PÚBLICO TIENE DUEÑO: EL PUEBLO DOMINICANO!
