Santo Domingo.-Un colectivo de mujeres advirtió este martes que la creciente ola de violencia que se alimenta de acciones e instigaciones provenientes de sectores del poder político para incentivar las ejecuciones de delincuentes en conflicto con la ley, así como en supuestos enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional.
Las damas pertenecientes al Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) y Junta de Mujeres Mamá Tingó, manifestaron que alzaron sus voces ante una realidad dolorosa que cada día enluta a una familia dominicana con la muerte de una joven, sin que se haga justicia.
Durante una rueda de prensa en la explanada frontal del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) reclamaron políticas públicas reales y efectivas que garanticen el respeto a los derechos humanos consagrados en la constitución de la república.
Denunciaron que el presidente Luis Abinader ha sido incapaz de asumir plenamente la responsabilidad que juró cumplir: proteger la vida del pueblo dominicano, que depositó en él su confianza mediante el voto.
“El presidente se ha limitado a justificar los asesinatos de jóvenes, en una actitud que recuerda las prácticas de Joaquín Balaguer durante sus doce años de gobierno, cuando la represión y la violencia marcaron profundamente la vida nacional”, Luz Eneida Mejía, vocera del colectivo de mujeres.
Mejía aseguró que se ha impuesto al país un clima de terror social que destruye la tranquilidad de las familias dominicanas. “Esta situación se agrava cuando, desde sectores de las propias autoridades estatales, se emiten discursos y justificaciones que contribuyen a normalizar la violencia, sin comprender que nadie está a salvo de las consecuencias de esta espiral de muerte”.
El colectivo de mujeres hizo un enérgico llamado a las autoridades responsables del orden público, de la protección de los derechos ciudadanos y de la persecución del crimen para que actúen con apego estricto al ordenamiento jurídico nacional; garanticen y respeten los derechos de todas las personas en conflicto con la ley, y observen el debido proceso, conforme a los mandatos de la Constitución y las demás leyes de la República.
Sostuvieron que la lucha contra el crimen no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales, desconocer las garantías constitucionales o justificar actuaciones al margen de la ley. La seguridad ciudadana debe construirse sobre la base de la justicia, la legalidad y el respeto a la dignidad humana.
De igual manera, manifestaron su respaldo y solidaridad con todas las personas, organizaciones e instituciones que trabajan y luchan por la preservación, defensa y protección de los derechos humanos.
Finalmente, reafirmaron su compromiso con la defensa de la vida, la justicia y la paz, y exigieron que ninguna familia dominicana tenga que seguir llorando la pérdida de sus hijos e hijas sin respuestas ni justicia.
