El Gobierno aseguró que mantiene activa la discusión para impulsar una nueva Ley de Aguas, en momentos en que la legislación vigente acumula más de seis décadas y las autoridades reconocen la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el manejo del recurso hídrico en República Dominicana.
El tema surgió durante La Agenda Semanal, cuando fue planteada la necesidad de modernizar la Ley 5852, de 1962, y se cuestionó al Gobierno sobre los obstáculos que han impedido durante años la aprobación de una nueva legislación.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, explicó que las discusiones continúan y atribuyó la demora a la complejidad de los intereses y factores involucrados.
“Esa discusión está en pie porque este es un tema bastante espinoso”, expresó.
Arnaud sostuvo que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita establecer un marco legal tanto para el agua potable como para el manejo integral del recurso hídrico.
Pacto del Agua como punto de partida
El funcionario recordó que el Gobierno creó el Gabinete del Agua y promovió el denominado Pacto del Agua, cuya elaboración incluyó consultas en distintas zonas del país con participación de instituciones públicas y representantes de la sociedad civil.
Según explicó, el proceso buscaba establecer una hoja de ruta para un modelo de gestión hídrica de largo plazo.
Arnaud indicó que el plan contempla inversiones cercanas a US$9,000 millones durante unos 15 años, dirigidas a atender las necesidades acumuladas en agua potable y saneamiento.
Costos y uso del agua entran en discusión
Entre los temas que deberán formar parte de la nueva legislación se encuentran el costo de producción del agua, su utilización y las sanciones por uso inadecuado, de acuerdo con lo planteado durante la presentación.
Arnaud explicó que cerca del 80 % de la producción de agua depende de sistemas de bombeo, cuyo costo puede situarse entre RD$50 y RD$60 por metro cúbico.
En los sistemas por gravedad, señaló que el costo ronda los RD$45, según los últimos estudios citados durante su intervención.
El funcionario sostuvo que uno de los retos es superar la percepción de que, por tratarse de un derecho fundamental, el agua no implica costos de producción, distribución y mantenimiento.
