Santiago.-Respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a tres hombres, incluyendo a un empleado en suspensión del Poder Judicial, que falsificaron documentos judiciales para facilitar la libertad irregular de imputados de delitos graves.
Ariel Antonio Bencosme Reyes, supervisor en estado de suspensión del archivo central del Poder Judicial en Santiago, recibió una condena de cinco años de cárcel, al igual que el vendedor de fianzas Francisco de Jesús Comprés Rodríguez. También, fue sentenciado a dos años de prisión Jonathan Francisco Vásquez Ventura, uno de los imputados de la Operación Discovery.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, dispuso la absolución del procesado Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank), padre del sentenciado Vásquez Ventura.
La estructura criminal perseguía agenciar la libertad irregular de Vásquez Ventura, quien permanecía encarcelado tras enfrentar imputaciones por la comisión de delitos del cibercrimen y lavado de activos, entre otros hechos graves investigados y judicializados por el Ministerio Público a partir de la Operación Discovery.
Vásquez Ventura fue condenado en el primer proceso tras acogerse a un proceso penal abreviado por los delitos cibernéticos.
Los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez hicieron un recuento minucioso de las pruebas documentales, periciales y materiales, detalladas en el escrito de acusación. Los procesados, dos de ellos ejerciendo funciones dentro del sistema judicial, abusaron de la confianza del órgano de justicia, incurrieron en la falsificación de sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales, para lograr la libertad irregular de imputados, a cambio de altas sumas de dinero.
Comprés Rodríguez se desempeñaba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, en tanto que Bencosme Reyes ejercía como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.
El Ministerio Público presentó cargos penales por falsificación de documentos públicos y privados, y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado, los que contemplan violación a los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, falsedad en escritura auténtica o pública, uso de documentos falsos, y el soborno.
