El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra nueve personas señaladas como integrantes de una presunta organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos, desarticulada mediante la Operación Leopardo.
Según el órgano acusador, la estructura estaría vinculada al tráfico de 1,693.42 kilogramos de cocaína, casi 1.7 toneladas, y habría movilizado más de RD$258.8 millones y US$1.6 millones a través de cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos financieros.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
De acuerdo con la investigación, la organización operaba en distintas zonas del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la región Este para recibir, almacenar y despachar sustancias narcóticas.
El Ministerio Público sostiene que los cargamentos de cocaína procedían de Colombia y llegaban a territorio dominicano a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, eran trasladados por tierra y almacenados en inmuebles vinculados a miembros de la estructura.
Según la acusación, parte de la droga era enviada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde presuntamente era distribuida hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
Uno de los principales hechos investigados ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, las autoridades ejecutaron 17 allanamientos simultáneos y decomisaron otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de los cuales, según el expediente, se encontraba almacenada en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma.
Ambas operaciones permitieron a los investigadores vincular a la presunta organización con un total de 1,693.42 kilogramos de cocaína.
El expediente señala a Moisés Severino Inirio como supuesto principal coordinador logístico de la estructura; a Pedro Luis Cordero Espinal, como encargado de labores de coordinación internacional, y a Daniela Sthefany Amancio Olaverría, como responsable de funciones financieras y logísticas.
Los demás acusados, siempre según el Ministerio Público, habrían desempeñado funciones relacionadas con el almacenamiento y transporte de drogas, custodia de sustancias, administración de establecimientos, movilización de dinero y ocultamiento de bienes.
Los análisis financieros incorporados al expediente identificaron, según la acusación, movimientos superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones.
La investigación sostiene que se utilizaron mecanismos presuntamente vinculados al lavado de activos, entre ellos depósitos fraccionados o “pitufeo”, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, uso de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, principalmente USDT en la red TRC20.
El Ministerio Público solicitó el decomiso de bienes, valores, productos financieros e instrumentos que considera vinculados a las actividades ilícitas atribuidas a la organización.
Entre los activos identificados figuran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida, según el expediente, mediante una operación de US$820,000.
También fueron señalados un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo; dos solares en San Antonio de Guerra; un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y otros terrenos e inmuebles ubicados en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
La acusación incluye además las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, así como vehículos, camionetas, yipetas, motocicletas y varias armas de fuego, entre ellas pistolas, escopetas, rifles y un fusil calibre 5.56, además de cargadores y municiones.
El Ministerio Público también pretende el decomiso de relojes, cadenas, pulseras, anillos y otras prendas, así como cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentación financiera y societaria.
De acuerdo con el expediente, una parte de esos bienes habría sido adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que, según la acusación, pudiera justificarse su procedencia mediante actividades económicas lícitas.
El Ministerio Público solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes y que, al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos que resulten vinculados a los hechos.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos, con colaboración de la DEA.
