El Ministerio Público afirmó este martes que está listo para presentar la acusación y las pruebas en el juicio que se conocerá el próximo 15 de septiembre contra los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual mediante un esquema piramidal movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 300 víctimas.
El órgano acusador, que en esta audiencia estuvo representado por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña, indicó al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez, que está preparado para conocer el proceso penal.
Por el caso son acusados los cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También, se ordenó el envío a juicio de O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como de Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
Para cometer los hechos los acusados utilizaron las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
Además, las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
El pasado año el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó el auto de apertura a juicio al considerar suficientes las más de 650 pruebas que sustentan el expediente, incluyendo un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 documentales y 29 materiales.
Estructura captó fondos de víctimas en distintas provincias
Los acusados captaron fondos de 332 víctimas en diferentes provincias del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales.
Entre sus acciones, reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público comprobó que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.
Las investigaciones revelaron que los cabecillas Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez, junto a los demás acusados, captaban a las víctimas mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y el entramado de sociedades y cooperativas ficticias.
El Ministerio Público detalló que el grupo criminal utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, además de que falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.
Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales.
El grupo es acusado de violar varios artículos del antiguo Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera Núm. 183-02, Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, así como la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La estructura fue desmantelada con la Operación Gaviota que se puso en marcha en el mes de junio del año 2024.
