En medio de un escenario comercial internacional marcado por la imposición de nuevos aranceles a las importaciones por parte de los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo dominicano emitió el decreto núm. 502-26, el cual establece un riguroso procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes producidos, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
Esta normativa llega en un momento estratégico y busca fortalecer tanto la protección de los derechos humanos como el fiel cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido la República Dominicana en materia comercial y laboral.
En el documento oficial, se faculta directamente a la Dirección General de Aduanas (DGA) a disponer, mediante una decisión motivada, la prohibición de importación de cualquier tipo de mercancía o bien cuando se logre determinar que fueron producidos bajo esquemas de esclavitud moderna o explotación forzada.
El decreto establece un rango de acción inmediato, señalando que estas medidas administrativas serán aplicables a las mercancías que ya hayan zarpado, que se encuentren en los puertos dominicanos o que estén sometidas a cualquier régimen u operación aduanera previa a su importación o entrada definitiva al territorio nacional.
Una vez identificada la irregularidad, la DGA podrá disponer la reexportación del cargamento al país de procedencia o a otro destino autorizado, así como proceder a su destrucción o aplicar cualquier otra medida que sea legalmente procedente. Para mantener un control estricto de estas acciones, la institución recaudadora deberá llevar un registro administrativo detallado de todas las mercancías y productos cuya entrada haya sido prohibida por esta causa.
A nivel exterior, la disposición presidencial promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional. Para ello, ordena el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas con autoridades y organismos de otros Estados, lo que permitirá identificar con mayor eficacia aquellas mercancías que son potencialmente producidas mediante trabajo forzoso.
Finalmente, otro de los artículos contenidos en el decreto núm. 502-26 dispone una coordinación interinstitucional de alto nivel entre la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El trabajo conjunto de estas entidades competentes será fundamental para fortalecer la prevención y mantener un control riguroso en el comercio internacional que entra y sale de la República Dominicana.
