Un tribunal federal de apelaciones autorizó este martes al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados en todo el territorio estadounidense, una medida considerada clave dentro de su política de endurecimiento migratorio.
La decisión fue adoptada por un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que revocó un fallo previo que había bloqueado temporalmente la ampliación de la denominada “expulsión acelerada”, un mecanismo que permite deportar a ciertos migrantes sin que comparezcan ante un juez de inmigración.
Hasta ahora, este procedimiento se aplicaba principalmente a personas detenidas en la frontera o poco tiempo después de ingresar al país. Sin embargo, en enero la administración Trump amplió su alcance para incluir a inmigrantes indocumentados localizados en cualquier parte de Estados Unidos.
La medida permitió a las autoridades migratorias detener a personas que acudían a tribunales para realizar trámites relacionados con su estatus migratorio y proceder con su deportación en cuestión de días. La Casa Blanca sostiene que esta herramienta es fundamental para agilizar la ejecución de las órdenes de expulsión y reforzar el control migratorio.
La decisión judicial fue criticada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que el uso ampliado de las deportaciones rápidas podría exponer a miles de personas a un sistema que consideran injusto y con escasas garantías de debido proceso.
No obstante, el juez Justin R. Walker, uno de los magistrados que respaldó la medida, concluyó que los demandantes no demostraron que la política violara derechos constitucionales. Según su opinión, los inmigrantes sujetos al procedimiento recibieron notificación de los procesos de expulsión y tuvieron la oportunidad de responder antes de ser deportados.
