El senador de Santo Domingo, Omar Fernández, junto a legisladores de distintos partidos políticos, busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Tributario sobre la indexación de los salarios.
Esto se realiza mediante una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta ante el Tribunal Constitucional, recurso que quedó en estado de fallo.
La acción directa de inconstitucionalidad es contra el artículo 45 de la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para 2026, el cual suspende la aplicación del ajuste por inflación de los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), según explicó el legislador de la Fuerza del Pueblo a la salida de la sala de audiencia del Alto Tribunal.
Fernández indicó que la indexación del impuesto a los salarios de los trabajadores debe elevarse a RD$52,000, como establece el Código Tributario. Tras defender sus argumentos, expresó que una modificación por debajo de ese monto sería “cumplir la ley a medias o simplemente violar lo que establece la normativa”.
Asimismo, señaló que esta distorsión debe ser corregida, garantizando el derecho de los trabajadores a cubrir sus necesidades básicas sin tributar múltiples veces.
“En el día de hoy, como han visto, se ha celebrado una primera audiencia respecto del recurso o la acción directa de inconstitucionalidad que hemos sometido un grupo de legisladores de distintos partidos políticos, donde ha quedado claro que tanto la sociedad como la oposición se ha unificado en torno a una causa”, dijo Fernández.
Esa causa es la indexación de los salarios de los trabajadores, tal como lo establece el Código Tributario. Año tras año, y ya van ocho años, se suspende de manera temporal la aplicación del artículo que indexaría la base imponible de los salarios que pagan Impuesto Sobre la Renta.
“La realidad que tenemos hoy en República Dominicana es que todo trabajador que devenga un salario de aproximadamente RD$34,000 empieza a pagar impuestos sobre la renta”, manifestó, puntualizando que el monto debería ser a partir de los RD$52,000, como establece la ley.
Los magistrados del Alto Tribunal, presidido por el juez Napoleón Estévez, se reservaron el fallo para una próxima audiencia.
La función del Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
