Santo Domingo.- Por más de 76 millones de segundos, equivalentes a 2 años, 5 meses y 1 día, las familias con hijos con autismo han esperado que el Estado cumpla lo establecido en la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La denuncia la hizo el coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz, quien insistió que pese al tiempo transcurrido y a que su reglamento fue aprobado, el Estado dominicano aún no ha destinado presupuesto, ni ha anunciado el inicio de los programas que la norma establece.
Dijo que desde la promulgación de la ley por el presidente Luis Abinader, el 5 de junio de 2023, hasta el 2 de noviembre de 2025, han pasado 2 años, 5 meses y 1 día, equivalentes a 125 semanas, 881 días, 21,144 horas, 1,268,640 minutos y 76,118,400 segundos de espera para las familias que aún no ven aplicada la ley.
Recordó que el reglamento de la ley, que debía emitirse dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley, es decir, antes del 4 de octubre de 2023, se retrasó hasta el 24 de julio de 2024, cuando el presidente Abinader finalmente lo aprobó mediante del decreto 403-24.
Quiroz, activista por el autismo y los derechos humanos, dijo que es oportuno hacer ese cálculo hasta en segundos, porque el sufrimiento de miles de familias a cada instante no se puede describir con palabras, sobre todo, cuando no tienen los recursos para el abordaje, y es necesario estar en alerta constante hasta por la seguridad física de sus hijos.
“Han pasado más de 76 millones de segundos y ninguna instancia del Estado ha hablado de presupuesto. El presidente ha mencionado que asignarían un presupuesto mínimo para el 2026, pero no existen señales claras ni anuncios oficiales de planes concretos. Mientras tanto, las familias siguen solas”, declaró Quiroz, quien es padre de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años, con TEA.
Según explicó, la Ley 34-23 establece la creación de servicios de diagnóstico temprano, educación inclusiva, cobertura terapéutica, apoyo familiar y formación profesional, pero ninguna de estas disposiciones ha sido implementada.
“El Estado ha fallado en educación, salud, terapias, vivienda y recreación. No hay parques ni espacios adaptados para que los niños puedan hacer deporte, como piscinas; arte o canalizar su energía de manera segura”, agregó.
Recordó que desde el 2023 ha hecho público la necesidad de que el Gobierno disponga de los recursos económicos, y anuncie los planes institucionales en educación, salud, terapia, recreación y formación de profesionales, con metas, plazos y rendición de cuentas públicas.
“Cada segundo cuenta, porque es una oportunidad perdida para un niño que necesita terapia, para los padres que necesitan descanso o para una escuela que debería estar capacitada. El tiempo no es una cifra: es la medida del abandono”, enfatizó Quiroz.
Provincias olvidadas y familias sin apoyo
La Mesa de Diálogo por el Autismo, con el apoyo del dirigente comunitario Leonel Sánchez, realiza un levantamiento de la situación de familias con autismo, y los reportes confirman que la situación es más crítica fuera de la capital, donde la falta de centros especializados y transporte agrava la exclusión.
Ya se dispone de casos en el Gran Santo Domingo, el sur, el norte y el este, con registros de familias en San Cristóbal, Baní, Hato Mayor y Neiba, que sobreviven sin servicios básicos.
En Yaguate, San Cristóbal, Yenniffer Pimentel cría tres hijos, dos con autismo, sin apoyo institucional. “Necesitamos ayuda para los estudios médicos y una casa donde nuestros hijos estén seguros cuando faltemos”, cuenta.
En Neiba, Bahoruco, Narda Pérez, madre soltera, debe pagar terapias privadas por la falta de centros en su provincia. “Con políticas públicas reales, no solo escritas, podríamos tener una vida en igualdad y justicia”, afirma.
En tanto, Jennifer Reyes López, de Buenos Aires, Santo Domingo Oeste, contó que hace cinco años recibió el diagnóstico de autismo de su hijo mayor. Dijo que su mayor dificultad es costear las terapias, ya que en los centros públicos la atención es cada seis meses y en los privados los costos son elevados. “Solo quiero ayuda para sus terapias; es muy difícil tener un niño autista”, expresó.
