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Olivares solicita medidas cautelares contra programas sociales y nóminas públicas

domingo, 6 marzo 2016 - Comentarios
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Redacción
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El juez de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, pidió este domingo apoderar el Pleno de esa institución para que conozca medidas cautelares que impidan el uso de los programas sociales de la Presidencia de la República en beneficios de partidos y candidatos a cargos de elección popular.

Igualmente, solicitó que se impongan controles a las nóminas correspondientes al personal transitorio de la administración pública central, descentralizada y las adicionales existentes en las instituciones públicas.

En una carta enviada el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, Olivares argumentó que en las últimas campañas electorales han sido recurrentes las quejas externadas por los partidos políticos de oposición en torno a la utilización de los programas sociales del gobierno para favorecer al partido oficial y sus aliados.

Entre los programas sociales a someter a medidas, el magistrado citó la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y Progresando con Solidaridad (Prosoli), los cuales están bajo la coordinación del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Vicepresidencia de la República.

Consideró que para evitar que esa situación ocurra, el Pleno de la JCE disponga la congelación de las nóminas de beneficiarios de los programas de Adess, Siuben y Prosoli, desde el 15 de marzo hasta el 16 de mayo de este año.

Agregó que en caso de producirse una segunda elección, que esa medida se extienda hasta el 27 de junio del 2016, como forma de impedir la incorporación a las mismas de nuevos beneficiarios durante esa etapa del período electoral.

Con respecto al congelamiento de la nómina en las instituciones públicas, el magistrado Eddy Olivares citó la denuncia del ciudadano Santiago Molina de que la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), le envió una tarjeta bancaria del Banco de Reservas adscrita a la nómina del Ministerio de Educación, situación que evidenció una grave irregularidad en el manejo de los recursos del Estado.

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