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Justicia

Jean Alain continuará en prisión preventiva

martes, 14 junio 2022 - Comentarios
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Redacción
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La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la tarde de este martes mantener en prisión al exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso medusa.

La decisión se da en momentos en que abogados de la defensa del exprocurador alegan que debe estar libre porque el Ministerio Público dejó vencer el plazo de investigación en su contra. También, la barra de la defensa informó que la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Centro Correccional Las Parras arrojó que no hubo sobrevaluación en su construcción.

La semana pasada, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este jueves que el Ministerio Público aprovechará cada segundo disponible en los plazos judiciales para procesar a cada persona involucrada en el “inmenso” entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Medusa.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) adelantó que, como en otros casos, en el expediente derivado de la Operación Medusa habrá nuevos implicados.

“La realidad es que el Ministerio Público va a aprovechar cada segundo disponible para procesar a cada persona involucrada en este inmenso entramado de corrupción y va a aprovechar cada segundo para recuperar cada bien que ha sido adquirido por miembros de este entramado, como consecuencia de la sustracción de recursos públicos; en eso está el Ministerio Público”, dijo Camacho en aquel entonces.

El procurador adjunto respondió a los periodistas que le preguntaron sobre la decisión del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional de declarar inadmisible, por extemporánea, una solicitud con la que los abogados de los arrestados en la Operación Medusa pretendían la extinción del proceso que se les sigue por corrupción administrativa.

Jean Alain Rodríguez enfrenta cargos criminales por encabezar una red de corrupción entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, guardan prisión preventiva el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

En el Caso Medusa está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El Ministerio Público acredita que  los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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