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Gobierno inicia tímidamente proceso de repatriación de haitianos ilegales

De seguir a ese ritmo, las repatriaciones podrían terminar en el año 2040
domingo, 16 agosto 2015 - Comentarios
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Redacción
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Santo Domingo.-El Gobierno inicio el pasado viernes y prosiguió ayer sábado la ejecución de la parte final del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en cumplimiento a la Ley General de Migración, con la repatriación de 25 nacionales haitianos que fueron entregados por la Dirección General de Migración (DGM), a las autoridades haitianas en la zona fronteriza por la comunidad de Dajabón.

De seguir ese ritmo las repatriaciones, con un promedio de 12 deportaciones por día,  calculando que diariamente  aún continúan ingresando diariamente al país ilegalmente por lo zona fronteriza unos 500 haitianos, mas casi un millón que siguen indocumentados, al país le llevaría al menos 25 año más para terminar con la presencia de extranjeros que residen irregularmente en el territorio nacional, con un costo millonario incalculable.

Esto sin contar con radicalización de las advertencias y amenazas hechas al país por la llamada comunidad internacional, representada, en primer plano por los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas, que se oponen a las repatriaciones y que incluso le han  solicitado a las autoridades dominicanas que las mismas queden sin efecto.

Según se informo en la DGM, todos los extranjeros que no se acogieron o no calificaron para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, serán repatriados a sus respectivos países de origen, aclarando que ese proceso se hará respetando los derechos humanos de afectados.

Proceso de repatriación

Ayer sábado, el director de Migración mayor general Rubén Darío Paulino Sem informó que cinco indocumentados haitianos fueron repatriados ayer por la zona fronteriza con Dajabón, lo que sumado a otros seis del viernes, realmente suman 11 y no 25 los supuestamente deportados.

También en el día de ayer, un grupo de periodistas que están dando seguimiento al proceso, observaron un movimiento inusitado en el Centro de Acogida Vacacional Haina, donde se estaría procesando los ilegales haitianos detenidos para fines de depuración  antes de ser enviados al vecino país.

En el caso de los nacionales haitianos, que conforman la gran mayoría de extranjeros, según han explicado las autoridades de Migración,  el proceso se inicia con la detención de los inmigrantes para verificar su estatus migratorio.

Una vez se compruebe que el detenido reside ilegalmente en el país, esos los inmigrantes haitianos, reunidos en pequeños grupos, al parecer de no más de doce personas, como se ha hecho en los dos últimos días, serán llevados a la frontera en un autobús confortable y entregados al gobierno haitiano.

Estados Unidos interviene

Un comunicado de prensa del departamento de Estado de Estados Unidos dado a conocer en el día de ayer, expresa que se país reconoce la decisión de República Dominicana para comenzar a deportar a las personas que se encuentren en situación irregular en el país, pero con la consabida condición de que se respete los derechos humanos de los ilegales.

Hay que aclarar que esa advertencia proviene de una nación que deporta diariamente miles de ciudadanos extranjeros que entran a su país por México y que son montados en aviones, como aquellos 42,000 niños Centroamericanos, que fueron repatriados sin ningún protocolo y ante la mirada indiferente de la OEA, ONU y la llamada comunidad internacional.

“Reconocemos la prerrogativa de la República Dominicana para eliminar los individuos de su territorio que están presentes sin autorización”, dice el mensaje, puesto a circular la embajada de ese país, indicando que en el procedimiento de repatriaciones deben adherirse a los protocolos y procedimientos claros, a disposición del público y verificables.

Asimismo, señala el documento que “la nacionalidad dominicana y las políticas de migración y las prácticas deben ser coherentes con las leyes dominicanas y las obligaciones y compromisos internacionales de la República Dominicana”.

El documento concluye instando al Gobierno dominicano a permitir la observación de los procedimientos de deportación por parte de grupos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, incluido en las fronteras, algo que ellos, los Norteamericanos no cumplen ni aplican en su país.

 

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