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Abogado del Estado estaría maniobrando desalojo familias Cristo Rey

sábado, 23 mayo 2015 - Comentarios
Habitantes del sector de Cristo Rey de Boca Chica, mientra realizan vigilia frente al Palacio Presidencial Compartir

Escrito por:

Amaurys Florenzán
Amaurys Florenzán

Santo Domingo.-Los principales dirigentes de la Junta de Vecinos del sector Cristo Rey, perteneciente al municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, denunciaron que un abogado del Estado, identificado como Casilla Minaya, tiene a los munícipes de esa demarcación en zozobra permanente por las constantes notificaciones de desalojos que realiza por más de 12 años.

Sergio Gómez, Marcos Guzmán y Rafael Hubieres, presidente, vicepresidente y secretario general  de la Junta de Vecinos de Cristo Rey de Boca Chica, respectivamente, manifestaron  que Casilla Minaya creó una compañía constructora  con el objetivo de camuflar la ilegalidad del proceso para apoderarse de más de 124 mil tareas de terrenos donde está ubicada la localidad.

Manifestaron estar hartos de la situación por la que atraviesan, debido a que a cada momento llegan notificaciones de desalojo siendo estos declarados por el Estado dominicano en el 1984 de utilidad pública, porque eran propiedad de la dictadura.

Rafael Hubieres denunció que los atropellos y maltratos que reciben los habitantes de esta localidad por parte de los supuestos dueños, cuentan con el respaldo de las autoridades que se prestan para esa falsedad, especialmente, el abogado del Estado Casilla Minaya.

Hubiere, con una serie de documentos en manos, puso como ejemplo la situación de la parcela número 337, donde residen los comunitarios de Cristo Rey de Boca Chica, la cual perteneció a Alma McLauglinh Simón esposa de Negro Trujillo.

Según los escritos en su poder, los terrenos donde está levantada la demarcación fueron adquiridos por  la cuñada del exdictador Rafael Leónidas Trujillo, unos 116 mil metros, mediante una compra a la familia Gautier y señaló que de igual manera William de Paulis, quien fungía de testaferro del tirano consiguió comprar unos 7 mil 499 metros en representación de la desaparecida Industria Dominicana que pertenecía al Estado dominicano.

Destacó que William de Paulis como presidente de la desaparecida Industria dominicana, que pertenecía al Estado, no podía transferir esos bienes, debido a que solo era un representante de la dictadura en esa época.

El dirigente social precisó que también las familias Mesina, Santoni y Camineros, reconocidas por ser testaferros del sátrapa, forman la Compañía Urbanizadora Turística en contubernio con el abogado del Estado Casilla Minaya y un primo solo identificado como Peña Minaya, con el fin de adjudicarse los 116 mil metros  más los 7 mil 499 metros, donde está ubicado el sector de Cristo Rey en Boca Chica.

Hubiere expresó que posterior a esta situación, el expresidente Joaquín Balaguer en el año 1973,  emitió el decreto 31-34, donde declara los terrenos que conforman la parcela número 337, así como toda la costa desde Santo Domingo hasta San Pedro de Macorís de utilidad pública.

No obstante, el secretario general de la Junta de Vecinos de Cristo Rey de Boca Chica mostró el decreto 15-03, erogado por el Poder Ejecutivo, donde confirma que el gobierno  de ese entonces le vende al abogado ELopide Chapuzo unos 327 metros cuadrados por la suma de RD$500 mil para que construyan en esa demarcación.

Apuntó que el decreto 15-03, donde el gobierno aprueba  la venta de los 327 metros cuadrados,  fue sometido al Senado de la República, y ratificado mediante la iniciativa 03-99 de manera positiva,  el convenio entre ambas parte para el traspaso de la propiedad.

Rafael Hubiere  mostró, además,  que los terrenos vendidos por el gobierno de la época al jurista ELopides Chapuzo fueron certificados como buenos y válidos por la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, debido que la propiedad adquirida  era  del Estado dominicano y reveló que el pago por el derecho a  la titulación se realizó mediante un pago  de RD$60 mil  de inicial, por medio del Banco BHD y luego se realizó otro rembolso por más de RD$300 mil al Banco del Reservas en ese momento.

Evidenció, según documentos mostrados, que el abogado el Estado Casilla Minaya, siendo notario público, certificó a un vecino del sector de Cristo Rey  el traspaso de una porción  de terreno  a otro residente en esa la localidad para que pueda construir una casa: “Qué certifica Castillo Minaya en ese acto de venta entre dos vecinos, que la poción de tierra traspasada es propiedad del Estado dominicano. No sé cómo este señor ahora es tan olvidadizo y dice que esos terrenos que él legalizó no son del Estado”, cuestionó Hubiere.

Destacó que mediante la Ley 5785 del 4 de enero de 1982, la cual establece que todo lo que pertenecía a la familia del dictador pasa al Estado: “Los  116 mil y 7 mil  499 metros que conforman la parcela número 337 que concernieron a la señora Alma McLauglinh Simón  y a los de Trujillo son propiedad del Estado. Lo que indica una sola cosa, que se quiere estafar a los residentes del sector  de Cristo Rey con documentación fraudulenta, a  fin de  realizar un desalojo que carece de toda legalidad y base jurídica”, acotó Hubiere.

Llamó al Gobierno mediante las instituciones afines a la problemática, a defender a los habitantes  en esa circunscripción para evitar que un representante del Estado, mediante “marrullería” pretenda  apropiarse de manera fraudulenta de todo el territorio que compone el sector de Cristo Rey de Boca Chica.

Finalmente, resaltó que la población de Cristo Rey vive inquieta a consecuencia de dicha problemática y reveló que la mayoría de los jóvenes han abandonado los estudios para dedicarse a cuidar sus viviendas por temor a que se pretenda realizar un desalojo sorpresivo y destruyan  lo que a sus padres le ha costado tanto trabajo y sacrificio levantar desde hace más de 12 años.

En varias oportunidades los residentes de esta localidad del municipio de Boca Chica han realizado varias vigilias en las inmediaciones del Palacio Nacional,  pero hasta el momento ninguna de las autoridades competentes ni funcionarios se han acercado para buscarle una solución al conflicto que lleva más de una década.

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