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Fidel Santana promete pacto contra corrupción y impunidad en propuesta de gobierno

Asegura reducirá impuestos a combustibles para dinamizar la economía
domingo, 17 mayo 2015 - Comentarios
Fidel Santana, presidente del Frente AmplioCompartir

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Redacción
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Santo Domingo.-El candidato presidencial del Frente Amplio, Fidel Santana, presentó al país este domingo su propuesta de gobierno de cara al certamen electoral del 2016, donde plantea de ser elegido como presidente del país, es un pacto contra la corrupción y la impunidad, donde todos los actores implicados asuman el compromiso público de desterrar y actuar con firmeza frente este mal.

Santana en su propuesta destaca convertir a la República Dominicana en un país donde las personas vivan dignamente, sin discriminación de ningún tipo, en un real Estado de derecho, promotor de equidad económica y social, cohesión territorial e igualdad de oportunidades, solidario, defensor de la naturaleza, independiente en los hechos e integrado a la América Latina y el Caribe.

El candidato presidencial del Frente Amplio en materia de salud y seguridad social, promete aumentar, progresivamente, la inversión en salud hasta llevarla a un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), para equipar y abastecer adecuadamente a los hospitales públicos, pagar buenos sueldos a médicos, enfermeras y otros profesionales de ese sector, exigiendo que cumplan con su trabajo, con la meta de ofrecer una atención adecuada a cada ciudadana y ciudadano.

Asimismo, Santana afirma que realizará una reforma al Sistema Dominicano de Seguridad Social, de forma tal que sirva realmente a quienes aportan sus cuotas, no a los grandes bancos y otras empresas que se lucran con las urgentes necesidades de la población. Hacer extensivo este servicio a toda la población.

De igual forma, asegura que ampliará la cobertura del Seguro Familiar de Salud a por lo menos el 85% de las familias, dando mayor apoyo económico y fortaleciendo los servicios del SENASA a la población del régimen subsidiado y del contributivo subsidiado.

Bajar impuestos a carburantes

También se compromete a reducir los impuestos a los combustibles para bajar sus precios, donde afirma que se eliminarán los privilegios de exoneración a las compras de combustibles por grandes empresas nacionales y extranjeras.

De igual manera, asegura invertir en viviendas económicas para dotar a cada familia de un lugar digno para vivir, superar el déficit habitacional y crear más empleos.

Asimismo, indica que establecerá un fondo de cohesión territorial para promover el cofinanciamiento entre gobierno central y locales de proyectos de inversión pública, con énfasis en los municipios más deprimidos (Ley 1-12), para contribuir a superar las disparidades económicas y sociales entre las regiones, provincias y municipios de la República.

A continuación documento integro  de la propuesta de gobierno del candidato presidencial del Frente Amplio, Fidel Santana.

En mayo del 2016, el país se enfrenta a la disyuntiva del continuismo o el cambio, encrucijada recurrente, en una historia nacional caracterizada por una pobre institucionalidad, ciudadanía débil, clientelismo, autoritarismo y corrupción impune. En otros momentos ha estado en juego la libertad, la soberanía, el derecho a la palabra, la libre organización y la existencia o no del proyecto democrático. En esta oportunidad se juega la quiebra de los avances en la institucionalidad democrática, la presencia o no de la diversidad en los estamentos de decisión de los asuntos públicos, la posibilidad de alternabilidad política como sustento esencial del hecho democrático y la independencia de los poderes públicos y su capacidad de mutuo control. También se disputa hacia donde se orienta la renta pública, si continúa siendo instrumento para el enriquecimiento grupal, a través de manejos corruptos y el sostenimiento de privilegios, o se transforma –como debe ser- en el instrumento fundamental del desarrollo nacional. En esta oportunidad está en juego la ampliación y profundización de la dependencia clientelar de una amplia franja de la población, como mecanismo de estructuración de hegemonía política, a partir del uso del presupuesto nacional como instrumento politiquero, o la articulación de un proyecto que impulso las libertades humanas, asentadas en la vida digna. Y también está en juego la modelación desequilibrada de la opinión pública, a partir del control masivo de medios, voces y plumas; o la vigencia plena de la libre opinión, el respeto por el oficio de la comunicación y la plena garantía a todos los medios de comunicación. Lo que está en juego es la pervivencia de un agotado e ineficaz sistema político y la cultura que le es sucedánea o la emergencia de un nuevo modelo y una nueva cultura políticos, que transforme el país redistribuyendo las riquezas, aumentando los salarios y pensiones; que frene la corrupción, la impunidad, la delincuencia y el narcotráfico, no solo metiendo a la cárcel a los corruptos sino también recuperando el dinero mal habido para invertir más en salud, educación, viviendas y obras de infraestructura. Lo que está en juego es la continuidad de la entrega o la recuperación del control de nuestros recursos naturales, especialmente el oro; la profundización del deterioro del medio ambiente o su protección efectiva; la ampliación de la carrera de endeudamiento público o un cambio de rumbo en el gasto público, haciéndolo más eficaz, que haga menos abultada la nómina pública y que incentive la producción. En síntesis, lo que está en juego en esta encrucijada de la historia es el mantenimiento de un orden social inequitativo, excluyente y de cúpulas o el logro de la gran meta de convertir la República Dominicana en un país donde las personas vivan dignamente, sin discriminación de ningún tipo, en un real Estado de derecho, promotor de equidad económica y social, cohesión territorial e igualdad de oportunidades, solidario, defensor de la naturaleza, independiente en los hechos e integrado a la América Latina y el Caribe. La Convergencia: un instrumento para derrotar la dispersión de la oposición La configuración de un proyecto de hegemonía única y de largo aliento, el de la “Corporación Comité Político-PLD”, ha tenido como abono la cultura de dispersión, la atomización política, el personalismo y la fragmentación social, potenciado por la mano aviesa de la infiltración y el soborno que estimula la división, bajo la estrategia de que si el enemigo está desunido será fácilmente derrotado.

Es de ahí la impostergable tarea de unificar a todos los sectores que se sienten y actúan bajo el propósito de hacer oposición a un proyecto de hegemonía única y continuismo sin final. Esa tarea unitaria que, en la actual coyuntura, se concreta en la articulación de una gran unidad opositora, que hemos denominado Convergencia, pone en el escenario de la lucha política el único instrumento en capacidad de enfrentar con posibilidades de éxito a la “Corporación Comité Político PLD”. Aquí es válido afirmar, en sentido inverso a los horacistas de finales de los años veinte que levantaban la consigna “Horacio o que entre el mar”, que el mar entró y que lo que está en juego es que ese mar siga ahogando la institucionalidad y la democracia dominicana o que, en términos figurativos, nuevamente el sol ilumine, sin discriminación, a toda la diversidad social y política que integra la dominicanidad. Las cúpulas políticas tradicionales, asociadas al modelo político vigente del partido único, que concentra en la “Corporación-Comité Político-PLD” todos los vicios y la perversidad de muchas décadas de corrupción y clientelismo, ya nada nuevo tienen que ofrecer a este pueblo. Sus aspiraciones y amenazas de mantenerse indefinidamente en el poder a cualquier precio, mediante la corrupción, crímenes y fraudes, solo pueden ser detenidas por un GRAN FRENTE OPOSITOR, que se convierta en la nueva OPCIÓN DE PODER que saque a la sociedad dominicana del atolladero en que la han sumergido los dueños del PLD. De ahí que sea necesario avanzar en ese propósito, incorporando un conjunto de elementos que hagan posible su articulación, como son:

1.- lo principal, antes que el candidato, es un programa y una visión de país En el Frente Amplio insistimos en que la gran alianza que requiere el país es la que se proponga la plataforma programática que sintetice los anhelos de cambios de todos los sectores de la vida nacional. De ahí que el eslabón clave deberá ser un acuerdo programático que oriente los destinos de la nación por un ciclo de larga duración. Proponemos un pacto político de corto y mediano plazo en base a un programa común que recoja las metas prioritarias de la mayoría de la población, tal como se ha logrado en otros países latinoamericanos, entre ellos Chile, con la Concertación Democrática, y Uruguay, con el Frente Amplio. Estas alianzas exitosas, con candidaturas rotatorias, escogiendo los/as mejores en cada momento preciso, han conducido a los pueblos de esos países a mejorar las condiciones de vida y desarrollar sus instituciones. Contestes con esta valoración y consecuentes con la determinación de aportar a la configuración de ese acuerdo, hoy ponemos a circular un resumen de nuestro Programa de Gobierno para aportar al debate sobre este tema, que deberá dar respuestas a la interrogante:¿Para qué buscamos el poder? Buscando convertir las políticas públicas en verdaderas herramientas de transformación de toda la sociedad dominicana. El momento es propicio para debatir estas y otras ideas hasta la fecha en que se escoja un candidato presidencial común y que comiencen a seleccionarse las candidaturas a cargos legislativos y municipales.

2.- Un acuerdo que involucre a políticos y fuerzas sociales y personas La Convergencia por un Mejor País, de la cual formamos parte, es un núcleo significativo de ese proyecto que entendemos debe extenderse a otras organizaciones políticas, movimientos y sectores sociales. La historia reciente y remota de nuestro pueblo tiene suficientes ejemplos de que cuando brota una corriente de opinión, favorable a cambios políticos y sociales de profundidad, hace falta concretar una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales, con una propuesta creíble para llegar al poder y desde ahí hacer las transformaciones necesarias.

De ahí que nuestra visión de la Convergencia es que esta tiene que ser un instrumento en el que se expresen y se sientan representados todos los actores opuestos al continuismo. En esa dirección es urgente derrotar la perspectiva reduccionista que ve en la Convergencia sólo el espacio para que grupos políticos canalicen sus aspiraciones. Sin los movimientos sociales, sin los productores del campo y la ciudad, sin el empresariado, sin la juventud, sin las mujeres y los envejecientes, sin los dominicanos y dominicanas en el exterior, sin las personas con discapacidad, sin los obreros, los campesinos, los desempleados, los chiriperos, los cristianos y todos los segmentos de la vida nacional, éste no será un gran frente de todo el pueblo. Consecuentes con esa visión, desde hoy anunciamos que nuestra boleta y todos nuestros esfuerzos en la Convergencia estarán orientados a procurar que las más de cuatro mil candidaturas que se presentarán al certamen electoral del 2016 expresen la diversidad política, ideológica y social del pueblo dominicano.

3.- Un acuerdo a 25 años En el Frente amplio somos partidarios de un acuerdo de larga duración para transformar la República Dominicana. Por eso rechazamos la visión coyunturalista que tiene como trasfondo la lógica de reparto de botín. Es una visión compartida, el proyecto de nación de todo el pueblo, que no puede ser construido de la noche a la mañana, el que nos convoca. Y un proyecto de tal magnitud reclama compromisos duraderos, atravesados por grandes propósitos estratégicos, que deberán quedar claramente establecidos en la plataforma programática.

4.- Un acuerdo que implique el compromiso de no reelección Las y los del Frente Amplio postulamos por un acuerdo que destierre, por el período que perdure el acuerdo, la tragedia de la reelección, que tanto daño ha hecho a la vida institucional, al erario y a la propia vida democrática. El compromiso de la no reelección se convierte en garantía de que el presupuesto nacional no estará al servicio de proyectos particulares de quien esté al frente del gobierno, sino dedicado al logro de la metas programáticas.

5.-la alternabilidad de los actores compromisarios Vinculado a la anterior propuesta, somos partidarios de un compromiso público que abra la posibilidad a la alternancia en las funciones dirigentes de todas las funciones públicas (gobierno central, asamblea legislativa y gobiernos municipales), posibilitando la participación de las distintas corrientes políticas y sociales implicadas en el acuerdo. Esto es que todas las fuerzas tengan igual posibilidad de encabezar la propuesta electoral, según un orden acordado, tanto en lo nacional, como en el local, así como de participar en la escogencia de los órganos directivos de las instancias que así lo requieran.

6.-Una estrategia gana-gana: participación amplia en el gobierno La lógica de un acuerdo para que gane el país debe estar fundada en el propósito de concreción de la estrategia de gana-gana, que se concreta en un gobierno compartido. Esto es que todos los actores participantes son actores protagónicos y aportarán energía a la estrategia de cambio general aportando su experiencia, conocimiento y voluntad, desde los diferentes estamentos del Estado: Poder ejecutivo, poder municipal, poder legislativo y judicial.

7.-Un pacto contra la corrupción y la impunidad Que todos los actores implicados asumamos el compromiso público de desterrar la impunidad y actuar con firmeza frente a la corrupción. Santo Domingo, DN Noviembre 13 del 2014

Visión de país Convertir República Dominicana en un país donde las personas vivan dignamente, sin discriminación de ningún tipo, en un real Estado de derecho, promotor de equidad económica y social, cohesión territorial e igualdad de oportunidades, solidario, defensor de la naturaleza, independiente en los hechos e integrado a la América Latina y el Caribe. Principios de actuación • Enfoque de derechos en la gestión pública a todos los niveles, ámbitos, sectores y territorios de implementación de las políticas públicas. • Seguridad ciudadana y protección de la vida de todas las personas sin distinción. • Información y rendición de cuentas confiables y oportunas a la ciudadanía por parte de las entidades del Estado, centralizadas y descentralizadas. • Eficiencia y eficacia en la administración pública, estableciendo una política de racionalización de las inversiones, eliminar gastos innecesarios, la duplicación de planes, programas y funciones, así como los privilegios. • Colectivos sociales prioritarios de los servicios públicos: i) las familias empobrecidas, en especial de la zona rural; ii) las mujeres, en especial las jefas de hogar y madres adolescentes; iii) niños y niñas menores de cinco años; iv) adultos/as mayores de 65 años y v) las personas con discapacidad. • Las políticas públicas se han de definir, elaborar y ejecutar con la participación activa de la ciudadanía, mediante el uso de metodologías de planificación participativas. Los planes, programas y acciones gubernamentales han de ser consensuados con los actores sociales involucrados. • Coordinación intersectorial e interterritorial pública, así como entre los diferentes niveles de gobierno (local y central) y con la sociedad civil en la planificación de las políticas de desarrollo económico-social, la ejecución de los programas y acciones, el seguimiento y la evaluación. • Desarrollo económico y social centrado en las personas, incluyente, sostenible y territorialmente equitativo. • Transverzalización del enfoque de equidad de género en la formulación y ejecución de las políticas públicas y acciones puntuales, en todos los niveles de la administración pública, impulsando una mayor participación de las mujeres. • Seguimiento permanente y evaluación de las políticas públicas emprendidas y de los impactos logrados, con la finalidad de revisar los objetivos y las acciones y adecuarlas a los cambios y variaciones económicas y sociales. Ejes estratégicos I. Empleos dignos y reducción del costo de la vida II. Seguridad ciudadana III. Salud y seguridad social IV. Seguridad y soberanía alimentaria V. Educación y cultura VI. Equidad de género y derechos de las mujeres VII. Producción nacional VIII. Electricidad, agua y transporte

PROPUESTA A CIUDADANOS/AS Programa de Gobierno

  1. Cohesión territorial X. Protección del medio ambiente y recursos naturales XI. Gobierno participativo con enfoque de derechos/ Igualdad de derechos y oportunidades XII. Política exterior y migratoria Objetivos estratégicos 1. Empleos dignos y reducción del costo de la vida Implementar una política económica destinada a crear más puestos de trabajo en todo el país, que generen las condiciones para una mejor calidad de vida de las familias, mediante las siguientes acciones: • Suscribir con los gobiernos municipales un pacto por el empleo de calidad, mediante el cual el gobierno central y los ayuntamientos y juntas de distritos establezcan un marco de cooperación y coordinación para impulsar estrategias generadoras de puestos de trabajo, incentivando la producción local basada en la potenciación de los recursos endógenos. • Crear un programa nacional que promueva la capacitación de la población económicamente activa, tendente a mejorar su capacidad de empleo, a través de una formación que responda a las necesidades que genera la transformación de las actividades productivas y las nuevas demandas de la producción local, nacional e internacional. Para ello se promoverán articulaciones de trabajo entre instancias del gobierno central, como el Ministerio de Trabajo y las instituciones de formación técnico profesional, las gobernaciones provinciales y cabildos. • Apoyar económicamente y en aspectos técnicos y de comercialización la producción de alimentos, con miras a lograr mejores precios de los mismos. Asimismo, se apostará por el fortalecimiento de las redes de comercialización y distribución de alimentos, caso de INESPRE y otras que se creen, de manera que puedan dar servicios en todos los municipios y distritos municipales, para generalizar el consumo y con ello incentivar la producción masiva de dichos alimentos y lograr su abaratamiento. • Fortalecer las políticas destinadas a la promoción de las pequeñas y medianas empresas que crean más empleos por capital invertido que las grandes. • Reducir los impuestos sobre los artículos de consumo masivo, como los alimentos, medicamentos y combustibles (para bajar los precios); y aumentar los tributos sobre las ganancias excesivas y propiedades de las grandes compañías nacionales y extranjeras, para ir reduciendo las desigualdades sociales. • Incrementar los sueldos, salarios y pensiones a quienes ganan menos, para equilibrarlos con el costo de la canasta familiar, contribuyendo a la ampliación del mercado interno para la producción nacional. Reducir los sueldos de lujo y privilegios de los altos funcionarios, estableciendo una escala que parta de un salario mínimo de RD$20,000 por mes. 2.- Seguridad ciudadana • Perseguir eficazmente los actos de corrupción pública y privada, la delincuencia de “cuello blanco”, y someter a la justicia a los sospechosos de practicarla, funcionarios y exfuncionarios, buscando recuperar el dinero robado al Estado para invertirlo en educación, salud y otros servicios sociales. • Enfrentar con energía la delincuencia común, la criminalidad y el narcotráfico, sin el abuso de los presuntos intercambios de disparos que sólo asesinan a gente de origen humilde. En especial, dedicar atención para frenar los feminicidios y la violencia intrafamiliar. • Apoyar económica y técnicamente la creación y funcionamiento en los municipios y distritos municipales de mesas de seguridad ciudadana, para definir y diseñar políticas, planes y acciones de seguridad ciudadana, su ejecución, seguimiento y evaluación. • Fortalecer los programas y acciones de las entidades públicas de información, educación y prevención en las familias sobre la delincuencia, la violencia intrafamiliar, la drogodependencia y otras formas de delito. • Apoyar las acciones de los gobiernos locales para mejorar las condiciones de iluminación de los barrios en la noche.
  • Apoyar la creación de comités barriales de emergencia, con participación de representantes de los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias de los respectivos barrios, secciones y parajes rurales, para enfrentar los riesgos asociados a la delincuencia, contingencias naturales, siniestros y catástrofes en general. • Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas, organismos comunitarios y población en general en el diseño y ejecución de las políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana; incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con el propósito de lograr comunidades seguras (Ley 1-12). • Financiar estudios a universidades y centros de investigación sobre las causas de la delincuencia, la violencia intrafamiliar y otros hechos reñidos con la ley, para que planteen medidas tendentes a disminuir los índices de delincuencia. • Apoyar y fortalecer los programas de capacitación y adiestramiento que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía para que sus miembros mejoren las técnicas de enfrentamiento a la delincuencia, en un marco de respeto a los derechos humanos. • Ampliar el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía para la compra de equipo y tecnología avanzados para fortalecer la capacidad de los cuerpos de seguridad en el combate a la delincuencia y elevar los niveles de protección de la ciudadanía. • Fortalecer la reforma del sistema penitenciario, como medio de rehabilitación, reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas (Ley 1-12). • Promover el conocimiento de los servicios de la administración de justicia y de las leyes para fomentar una cultura de respeto a la ley y ejercicio efectivo de derechos (Ley 1-12). • Ampliar el apoyo a la profesionalización de los cuerpos castrenses, promoviendo el buen desempeño e idoneidad de sus integrantes e incorporando un enfoque de equidad de género y de respeto a los derechos humanos. • Limpiar los organismos de seguridad del Estado de todos los elementos corruptos que protegen y estimulan la delincuencia y la criminalidad. • Implementar la AUTONOMIA del Ministerio Público, para evitar la influencia del partidismo político en la Justicia, y poner a funcionar realmente el sistema de la defensoría del pueblo. • Superar la división y manipulación del Poder Judicial para fines continuistas de un presidente y partido determinado. 3.- Salud y seguridad social • Aumentar, progresivamente, la inversión en salud hasta llevarla a un SEIS PORCIENTO del PIB, para equipar y abastecer adecuadamente a los hospitales públicos, pagar buenos sueldos a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, exigiendo que cumplan con su trabajo, con la meta de ofrecer una atención adecuada a cada ciudadana y ciudadano. • Reformar el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de forma tal que sirva realmente a quienes aportan sus cuotas, no a los grandes bancos y otras empresas que se lucran con las urgentes necesidades de la población. Hacer extensivo este servicio a toda la población. • Ampliar la cobertura del Seguro Familiar de Salud a por lo menos el 85% de las familias, dando mayor apoyo económico y fortaleciendo los servicios del SENASA a la población del régimen subsidiado y del contributivo subsidiado. • Dar prioridad en la adscripción al Seguro Familiar de Salud a las familias de indigentes, discapacitados y adultos mayores dependientes, madres jefas de hogar y otros sectores en condiciones de pobreza de los barrios y secciones rurales de los municipios con mayores índices de marginación. • Crear un programa de ayuda en suplementos alimenticios a mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como a niños entre recién nacidos y 4 años que presentan algún grado de desnutrición, de familias en condiciones precarias, a través de los Comedores Económicos del Estado. • Dar prioridad en el presupuesto del Ministerio de Salud a las acciones de información, orientación y promoción sobre conductas saludables en lo individual y colectivo, alimentación adecuada, actividades físicas,

así como en la protección del medio ambiente, a través de medios propios y convenios con los gobiernos locales, el sector privado y entidades comunitarias. • Desarrollar un amplio programa de construcción y equipamiento de infraestructura física, así como de nombramiento de médicos, enfermeras y promotores de salud y medio ambiente, para desarrollar y reestructurar el primer nivel de atención en todos los municipios del país; y con ello fortalecer los servicios de salud colectiva, en especial la información, educación y promoción por ciclos de vida, orientados a la prevención de enfermedades por prioridades. • En coordinación con los gobiernos locales, las corporaciones de agua potable y el Ministerio de Salud desarrollar un programa de instalación de redes de distribución (tuberías) de agua en el interior de los hogares que se suplen de agua de llaves públicas, de camión-tanque, de pozo, de lluvia y de río o manantial; así como de construcción de acueductos y plantas de tratamiento de agua para garantizar el derecho al agua potable de la población que no tiene acceso a la misma. • Desarrollar un sistema de veeduría de la población para el monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de salud de las prestadoras públicas y privadas. • Desarrollar e implementar un sistema integral de prevención de los riesgos laborales, en coordinación con las entidades correspondientes del Estado y las organizaciones involucradas de la sociedad civil. 4.- Soberanía alimentaria • Estimular la producción de alimentos y de todo lo que necesita la población, integrando la producción agropecuaria al proceso de industrialización y reduciendo las importaciones innecesarias. • Distribuir tierra entre los campesinos que no tienen o tienen muy poca, dándoles asistencia técnica y financiamiento. Estimular la economía asociativa, en particular las cooperativas, en la ciudad y el campo para reducir las desigualdades sociales. • Proteger las fuentes de agua, promoviendo acciones y mecanismos que permitan su cuidado, en coordinación con los ayuntamientos, juntas de distritos, organizaciones comunitarias y organismos correspondientes. • Fortalecer el sistema de vigilancia y educación epidemiológica y nutricional, a través del Ministerio de Salud, como instrumento fundamental de la seguridad alimentaria de la población. 5.- Educación y cultura • Estimular la capacitación científico-técnica de nuestra juventud, mujeres y hombres para superar el atraso del país. • Invertir en la educación más del 4% del producto interior bruto (PIB) de manera equilibrada y ascendente, procurando siempre una enseñanza de calidad para superar definitivamente el analfabetismo y elevar el nivel educativo de la población. Mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los profesores/as y los centros en que estudian nuestros niños/as y jóvenes, que deben estar siempre adecuadamente equipados. • Trascender la educación vertical, fragmentada y lineal para pasar a un modelo educativo liberador, que promueva la crítica permanente y la construcción de conocimiento, una educación participativa, integral e inclusiva. • Estimular todas las actividades que contribuyan a elevar la formación cultural de la mayoría de la población. Intensificar las prácticas deportivas y recreativas en todo el país, especialmente entre las y los jóvenes. 6.- Juventud 1) Elaborar políticas públicas que garanticen empleos a las y los jóvenes, de los cuales el 34% no estudian ni trabajan. 2) Crear programas que permitan hacer frente a la deserción de jóvenes de las universidades y escuelas, quienes terminan abandonando su carrera ante las pocas oportunidades que el Estado les brinda. 3) Que se incluya una cuota de participación juvenil en el proyecto de ley de partidos políticos, equivalente al 30 por ciento de los cargos.

4) Elaborar programas de prevención de los embarazos en adolescentes, que en la actualidad ocasionan la muerte de muchas jóvenes. 5) Que se cumpla la ley general de la juventud (49-00), poniendo en ejecución las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión. 7.- Equidad de género y derechos de las mujeres • Dedicar especial atención a frenar los feminicidios y la violencia intrafamiliar. • Implementar políticas encaminadas a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y el acceso a puestos de dirección, en los que primen los procesos de contratación sin ningún tipo de discriminación. • Impulsar campañas para promover un reparto justo, entre hombres y mujeres, del cuido y las labores domésticas. Esto debe incluir la ampliación de la licencia de maternidad, la consolidación de la licencia de paternidad. • Mejorar el acceso a la justicia por parte de mujeres víctimas de violencia, así como en la atención personal a mujeres que acuden a instancias judiciales. • Hacer efectivos los mecanismos de respuesta a la violencia de género (articular las acciones de diferentes instancias públicas vinculadas con la reducción y atención a casos de violencia basada en género). Esto debe incluir un mayor presupuesto destinado a la atención de esta problemática, capacitación, sensibilización del personal involucrado, campañas, acciones que incidan en la reducción y eliminación de prácticas y relaciones violentas entre hombres y mujeres, reformas legislativas y creación de nuevas medidas legales concretas para reducir y sancionar la violencia basada en género. • Impulsar medidas que busquen mejorar la calidad de la atención en salud a mujeres, especialmente lo referente a la salud sexual y reproductiva. Es necesario reducir las muertes maternas, impulsar la atención basada en el respeto a los derechos humanos, sancionar la negligencia y las malas prácticas médicas, preparar al personal a cargo de la atención, mejorar la infraestructura y los equipos técnicos de atención. • Implementar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para trabajadores-as domésticas. • Impulsar medidas para la reducción del embarazo de adolescentes y la no discriminación de adolescentes embarazadas. • Despenalización del aborto. • Proclamar el Estado laico. • Incluir la educación sexual y reproductiva en el currículo escolar. 8.- Producción nacional y servicios • Estimular la producción de alimentos y de todo lo que necesita la población. • Integrar la producción agropecuaria al proceso de industrialización y reducir las importaciones innecesarias. • Ampliar el mercado interno, mediante el aumento de los ingresos entre los sectores que menos ganan y la incorporación de sectores marginados del proceso productivo • Reorientar la política turística, de manera que beneficie a las comunidades donde se ubican los grandes centros hoteleros y estimular los pequeños hostales para redistribuir los ingresos de ese sector. 9.- Agua, electricidad, transporte y combustibles • Invertir más en presas hidroeléctricas para preservar agua para consumo humano, las siembras y abaratar el costo de producir electricidad. • Resolver el problema eléctrico partiendo de la rescisión de los onerosos contratos que obligan al Estado a pagar una energía muy cara e incluso a plantas apagadas. • Desarrollar las fuentes de energía renovable. • Elaborar una política de transporte que permita ahorrar combustibles y ofrecer un mejor servicio a la población de bajos ingresos.

  • Reducir los impuestos a los combustibles para bajar sus precios. • Eliminar los privilegios de exoneración a las compras de combustibles por grandes empresas nacionales y extranjeras. 10.- Cohesión territorial • Hacer la planificación, definición y gestión de las políticas públicas con un enfoque de cohesión territorial. La cohesión territorial pone de manifiesto la necesidad de un enfoque integrado para abordar los problemas a una escala geográfica adecuada para la cooperación de las autoridades locales, regionales y nacionales, pues el territorio incluye el espacio geográfico, sus características ambientales, económicas productivas, sociales, político-institucionales y urbanas, ligándolo a una noción de pertenencia y apropiación por parte de una sociedad o comunidad. • Apoyar y fortalecer los esfuerzos para elaborar y aprobar una ley de ordenamiento territorial que defina para todas las instancias estatales un marco común de regiones de planificación, estratégicas y operativas, sobre la base de las características culturales y socio-ambientales del territorio, que permita una mejor planificación y gestión de las políticas públicas y una distribución de los recursos que disminuya las disparidades del desarrollo regional (Ley 1-12). • Diseñar e implementar un plan de ordenamiento territorial que facilite la gestión integral de riesgos, regule el uso del suelo e incentive el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a partir de las potencialidades regionales (Ley 1-12). • Reorientar el crecimiento desordenado y ambientalmente insostenible de las regiones congestionadas para mejorar sus condiciones de competitividad, especialmente en la capital y Santiago; alentar el desarrollo de las regiones que muestran un retraso relativo, implementar programas de compensación y atención al capital humano que permitan sentar las bases para un nuevo impulso de las regiones que se encuentran en niveles intolerables de marginación, tales como las zonas fronterizas. • Reorientar la inversión pública en infraestructuras (alcantarillados, calles y contenes) hacia los barrios marginados de las grandes ciudades y las provincias más apartadas de la capital (con carreteras y caminos vecinales), superando la distorsión que representa el dedicar un porcentaje considerable de esa inversión (con túneles y elevados) en el llamado polígono central del Distrito Nacional. • Invertir en viviendas económicas para dotar a cada familia de un lugar digno para vivir, superar el déficit habitacional y crear más empleos. • Establecer un fondo de cohesión territorial para promover el cofinanciamiento entre gobierno central y gobiernos locales de proyectos de inversión pública, con énfasis en los municipios más deprimidos (Ley 1-12), para contribuir a superar las disparidades económicas y sociales entre las regiones, provincias y municipios de la República. • Fomentar en la zona rural actividades productivas no agropecuarias que complementen y diversifiquen las fuentes de empleo y de ingreso familiar, tales como las vinculadas al ecoturismo, las llamadas industrias culturales, los sistemas de pago por servicios ambientales y mantenimiento de infraestructuras (Ley 1-12). 11.- Protección del medio ambiente y recursos naturales • Proteger el medio ambiente, como requisito imprescindible para garantizar la vida de millones de dominicanos-as en un ecosistema reducido; sacar las llamadas granceras de los ríos, evitar la contaminación de nuestras playas y todas las fuentes de agua; reforestar nuestros bosques. • Proteger nuestros recursos naturales, en especial los mineros, para disfrute de las presentes y futuras generaciones; renegociar o rescindir los contratos que resulten perjudiciales para el pueblo dominicano, en especial el del oro que se lleva la Barrick Gold y el ferroníquel la Falconbridge; declarar a loma Miranda parque nacional y recuperar el acceso a nuestras playas para todos los dominicanos/as.

12.- Gobierno participativo con igualdad de derechos • Invertir en viviendas económicas para dotar a cada familia de un lugar digno para vivir, superar el déficit habitacional y crear más puestos de trabajo. • Frenar el endeudamiento público, especialmente el externo, para evitar nuevos peligros de violación a la soberanía económica dominicana y mantener el control del Presupuesto nacional. • Impulsar la aprobación del reglamento a la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad. • Elaborar un plan de implementación, articulado en todas las temáticas de la gestión pública y en todos los niveles de gobierno, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 13.- Dominicanos en el extranjero • Integrar los/as dominicanos/as en el exterior a los planes económicos nacionales. • Conceder incentivos a los que viven fuera del país para que regresen muchos emprendedores con equipos, maquinarias, capital, conocimientos y experiencias que les permitan crear pequeñas y medianas empresas para más puestos de trabajo. • Especializar créditos de los bancos del Estado o crear un banco que atienda particularmente a los dominicanos residentes en el extranjero. • Estimular los intercambios culturales entre las comunidades dominicanas en el territorio nacional y en el extranjero, etc. 14.- Política exterior y migratoria • Reorientar el comercio exterior hacia otros grandes mercados, en especial el de la República Popular China, de la India, Rusia, Irán y otros países, para reducir su dependencia del mercado estadounidense por un tratado de libre comercio que perjudica los intereses dominicanos. • Implementar una política exterior realmente independiente, que responda a un ejercicio PLENO de la SOBERANíA NACIONAL, incluyendo el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, Irán y otros países. – – Lograr acuerdos comerciales con Cuba y Haití que contribuyan a reactivar la economía de la devastada nación vecina y a reducir la migración hacia nuestro país. • Integrarse a los esquemas económicos y políticos regionales que resulten beneficiosos para el pueblo dominicano, promoviendo la solidaridad y colaboración entre los pueblos. • Defender en la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos su democratización interna, una política internacional de paz, por la DESTRUCCION DE LAS ARMAS NUCLEARES, el cese de la carrera armamentista y la NO INJERENCIA de las grandes potencias en los asuntos internos de países pequeños, rechazando categóricamente LAS INTERVENCIONES MILITARES. • Tratar de conseguir un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para defender desde esa tribuna nuestra propia política exterior.

Santo Domingo, RD Noviembre del 2014

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