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Acción Verde dice se debe volver a crear el Parque Manolo Tavárez de forma clara

miércoles, 5 junio 2019 - Comentarios
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Redacción
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La Fundación Ambiental Acción Verde reclamó este miércoles al presidente Danilo Medina la emisión de un nuevo decreto que cree nuevamente el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, que elimine “las excusas” enarboladas por el Tribunal Constitucional (TC), para la derogación del anterior decreto número 371-11.

A través de un comunicado, el grupo destacó que el área protegida es una de las zonas de la República Dominicana que más méritos reúne para anhelar su preservación: “… más aún cuando su nombre honra a un hombre que decidió abonar con sangre los más sagrados intereses de la patria”.

Acción Verde se expresó al respecto por celebrarse hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y manifestó que es un deber moral de los legisladores de las cuatro provincias afectadas impulsar y restablecer, por ley, la delimitación del área protegida.

Además de que si es necesario, que se aclare cualquier duda sobre la sostenibilidad de los asentamientos humanos que alegadamente han sido afectados.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto número 371-11, dictado por el Poder Ejecutivo el 13 de junio de 2011, para crear el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, en la vertiente norte de la cordillera Central, al juzgarlo contrario al principio de razonabilidad previsto en el artículo 40.15 de la Carta Magna.

Ese decreto, expone el TC, “contiene disposiciones injustas y desproporcionadas”.

Estableció que el decreto en cuestión es irrazonable “porque la medida afectó una extensión superficial de 351.87 kilómetros cuadrados, sin considerar las 40 comunidades y centenares de familias que habitan allí desde tiempos inmemoriales, como propietarios, ocupantes o simples poseedores, y colocándolas en situación de vulnerabilidad e incertidumbre”.

En las motivaciones de la sentencia TC-0905/18, los jueces del TC indican que la afectación de esos terrenos fue decidida para la preservación de las cuencas acuíferas ubicadas en la línea noroeste, pero sin incluir la integración de la población que habita la zona a planes de manejo rigurosamente controlados por las autoridades, que permitiera la explotación racional de los recursos forestales que garanticen su preservación y repoblación.

Afirmó la fundación, desde la divulgación del decreto, algunos sectores económicamente influyentes han estado incidiendo “atravesando de testaferros” para que fuera derogado o atacado por la vía constitucional: “Y fueron tan eficientes en sus gestiones que sorprendentemente lograron que este Tribunal acogiera el recurso sin siquiera hacer un descenso en la zona ni consultar al Ministerio de Medio Ambiente ni otros expertos en el tema”.

Señaló que el propósito es explotar la zona a través de planes de aprovechamiento forestal mediante los cuales se cortarían miles de árboles, además, para avanzar con planes de extracción minera, cuyas concesiones de exploración fueron emitidas mediante el permiso ambiental DCA 0228-03 del 2012 que autoriza la exploración de oro, plata, zinc, cobre y minerales asociados en comunidades de provincias ubicadas en la cordillera Central, precisamente en la zona núcleo del Parque Nacional.

“Desde ese entonces, estos sectores que poseen inmensas cantidades de terrenos (entre los que se ha mencionado un senador oficialista de la zona) se han valido de testaferros y de utilizar organizaciones comunitarias como carne de cañón para que estas reclamen ante “un supuesto desalojo masivo” del cual serían objeto pero que nunca ha sido una opción, pero que tampoco nadie puede alegar títulos de propiedad siendo los terrenos propiedad del Estado dominicano”, apuntó.

Expuso la Fundación que esos planes fueron desvelados por el senador Adriano Sánchez en noviembre 2012 durante una sesión en el Senado y que fueron evidenciados en una resolución de octubre de 2012 en la Cámara de Diputados, en la que se pide a Danilo Medina el retiro de los permisos de exploración a emitidos a favor de Unigold Dominicana.

“Con esta sentencia se eleva la vulnerabilidad del sistema nacional de áreas protegidas, de por sí golpeados por la extensión agrícola en importantes parques nacionales, y se demuestra que estos sectores tan poderosos son capaces de mover hasta las medidas más insospechadas para obtener resultados que beneficien sus intereses”, destacó.

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